El pleno del Senado aprobó ayer una reforma para modernizar la cobranza de créditos fiscales, con 95 votos a favor y 12 abstenciones del PRI. La modificación busca eliminar rigideces administrativas y establecer reglas claras sobre la cobertura de deudas con el fisco.
La reforma establece que, al terminar el periodo de garantía y mientras no se cubra el crédito, el importe deberá actualizarse anualmente. La garantía deberá ampliarse para cubrir el crédito actualizado y los recargos correspondientes a los siguientes doce meses. El dictamen fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Homero Davis, secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, explicó que la reforma busca un equilibrio entre la eficacia recaudatoria del Estado y la protección de los derechos de los contribuyentes. Subrayó que la garantía del interés fiscal es esencial para suspender el procedimiento administrativo de ejecución mientras se controvierte un crédito.
La senadora priista Claudia Anaya criticó la medida como una corrección insuficiente, señalando que persiste un esquema de "terrorismo fiscal" al exigir garantizar la totalidad de la deuda, multas y recargos antes de una sentencia firme. Anaya argumentó que, aunque ahora se permite elegir libremente entre modalidades de garantía, la carga económica sigue siendo excesiva.
