En el gobierno de Sinaloa persiste una percepción de mando paralelo. Fuentes consultadas por Proceso en distintas áreas de la administración estatal sostienen que, pese a la licencia de Rubén Rocha Moya, las decisiones de fondo seguirían pasando por su círculo político más cercano y no exclusivamente por la estructura formal del gobierno interino.
Los testimonios recabados describen un clima de tensión e incertidumbre en distintos niveles de la administración pública estatal. Funcionarios y empleados refieren dudas sobre la continuidad de mandos, el alcance real de las decisiones que hoy se toman y las posibles consecuencias administrativas o legales de actos realizados durante la gestión anterior.
De acuerdo con esas versiones, varios secretarios y funcionarios de primer nivel mantendrían comunicación y pactos con el exgobernador, mientras que figuras de su grupo político continuarían influyendo en decisiones internas. Las fuentes consultadas afirman también que en distintas dependencias existe preocupación por revisiones futuras sobre decisiones administrativas tomadas en meses previos.
En ese ambiente, algunos servidores públicos expresaron temor a ser responsabilizados por actos que, según sostienen, fueron instruidos desde niveles superiores del gobierno estatal. El Congreso de Sinaloa autorizó la licencia de Rocha Moya y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina el 2 de mayo.
Hasta ahora, no existe pronunciamiento público documentado que confirme que Rocha Moya mantenga una conducción extrainstitucional del gobierno sinaloense. Sin embargo, los testimonios recogidos revelan un patrón de temor burocrático, cadenas de comunicación informales y una percepción extendida de que la licencia no significó una ruptura con el ejercicio real del poder.
A las versiones sobre la operación política de Rocha Moya se añade una advertencia de fuentes norteamericanas acreditadas por Proceso: que el exmandatario podría ser entregado a fin de mes a las autoridades estadunidenses.
