El manejo de la crisis en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha escapado del control del gobierno mexicano tras la entrega voluntaria de dos de sus exfuncionarios clave a la justicia estadounidense. Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, se presentaron ante autoridades de Estados Unidos para enfrentar acusaciones de vínculos con el narcotráfico, debilitando la narrativa oficial que buscaba contener el escándalo.
La presidenta Claudia Sheinbaum se había negado inicialmente a extraditar a los acusados, argumentando que las imputaciones podrían ser parte de una operación de golpeteo político. Sin embargo, la decisión de los exfuncionarios de colaborar con la justicia estadounidense ha transferido el control de la narrativa criminal a Washington, donde se espera que ofrezcan testimonios y pruebas a cambio de reducción de penas.
La crisis pone en entredicho la legitimidad de Morena, especialmente ante denuncias previas sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones de Sinaloa en 2021 y la presunta responsabilidad de Rocha Moya en el secuestro de Ismael 'Mayo' Zambada. Hasta ahora, ni el gobernador ni otros inculpados han sido requeridos por la Fiscalía General de la República, lo que ha generado críticas por inacción.
Sheinbaum ha defendido su postura soberanista, pero analistas señalan que el discurso político no puede ignorar el trasfondo criminal. La falta de investigación local y la negativa a desaforar al senador Inzunza, también acusado, refuerzan la percepción de que el gobierno protege a sus aliados. La crisis amenaza con erosionar la credibilidad de Morena de cara a las elecciones de 2027.
La nueva dirección del partido ha anunciado medidas anticorrupción para depurar sus filas, pero el mal manejo del caso Rocha Moya podría echar por tierra esos esfuerzos. La presidenta enfrenta el dilema de fortalecer la cooperación con Estados Unidos o mantener una postura soberanista que, hasta ahora, no ha logrado contener el daño político.
