En octubre de 2024, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibió un respaldo unánime de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en medio de la peor crisis de seguridad en el estado, con más de 3,000 muertos por la guerra entre facciones del cártel. Dieciocho meses después, el Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos por narcotráfico contra Rocha y otros nueve funcionarios, incluido el senador Enrique Inzunza Cázarez. El documento de 34 páginas describe reuniones con sicarios, acuerdos electorales con Los Chapitos y la entrega del control de la Policía Estatal a cambio de votos.
La Fiscalía General de la República (FGR) declaró que "por ahora" no entregará a Rocha a Estados Unidos, una pausa calculada que, según analistas, tiene un costo político creciente. La oposición ya calificó a Morena como un "narcopartido", y el senador Inzunza negocia un acuerdo de testigo cooperante con el Departamento de Justicia de EE.UU., según reportes de El Universal.
El silencio de los gobernadores de la 4T, que en 2024 emitieron un comunicado conjunto de respaldo a Rocha, contrasta con el apoyo a Sheinbaum en abril de 2026. Figuras clave como AMLO no se han pronunciado, lo que sugiere que el movimiento ya considera a Rocha indefendible en privado. El caso plantea si México tiene la voluntad política de procesar la captura del Estado desde adentro sin intervención extranjera.
