La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Unidad de Inteligencia Financiera, informó este miércoles sobre el desmantelamiento de una red de 'petrofactureros' dedicada al contrabando de combustible. El esquema utilizaba empresas fachada, documentación falsa y simulación de operaciones para introducir hidrocarburos al país, declarándolos como aditivos, lubricantes o aceites para evadir controles aduaneros.
Ulises Lara, vocero de la FGR, detalló que las investigaciones comenzaron tras una operación en marzo de 2025 en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguró un buque con combustible ilegal. La red operaba principalmente en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, con un sistema logístico multimodal que incluía transporte marítimo, ferroviario y terrestre para dificultar la trazabilidad del producto.
La FGR judicializó el caso a inicios de abril y obtuvo órdenes de aprehensión. Hasta el momento, seis personas han sido detenidas, identificadas como operadores clave y prestanombres vinculados a más de 40 empresas. Durante los operativos, se aseguraron cinco inmuebles valuados en 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama por 66.6 millones, joyería por 1.6 millones y dinero en efectivo, sumando un golpe financiero de aproximadamente 126 millones de pesos.
Además, la FGR reportó sentencias condenatorias en casos relacionados. En el Estado de México, tres personas fueron sentenciadas a ocho años de prisión tras asegurar más de 100,000 litros de hidrocarburos, con reparación del daño a Pemex por más de 651,000 pesos. En otro caso, seis personas recibieron ocho años de prisión por operar entre la frontera sur y Salamanca, con el aseguramiento de más de 54,000 litros de combustóleo.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con énfasis en el combate a la corrupción y la impunidad. Tras siete meses de trabajos de inteligencia, se logró desmantelar una red que incluía extracción ilegal, transporte, almacenamiento, comercialización y mecanismos financieros para ocultar recursos.
