Laura Fernández asumió este viernes como la nueva presidenta de Costa Rica, jurando el cargo en una ceremonia en San José. La mandataria de 39 años se comprometió a combatir el aumento de la delincuencia en el país centroamericano y a mantener estrechos vínculos con Estados Unidos.
Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO), ganó las elecciones del 1 de febrero con una mayoría absoluta de 31 de los 57 escaños en la Asamblea Legislativa unicameral. Sucede al presidente saliente Rodrigo Chaves, quien de manera poco ortodoxa permanecerá en el gobierno como ministro de la Presidencia y Hacienda, asegurando una influencia desmedida en la nueva administración.
Para reforzar los lazos con Washington, Fernández nombró a su segundo vicepresidente, Douglas Soto, como embajador en Estados Unidos. A la toma de posesión asistió Kristi Noem, enviada especial de EE.UU. que lidera el enfoque militarista de la administración Trump hacia América Latina, conocido como 'Escudo de las Américas'. También estuvo presente el presidente israelí Isaac Herzog, en un esfuerzo por fortalecer las relaciones regionales en medio del conflicto en Gaza.
Fernández prometió reformas profundas al poder judicial y las leyes de seguridad, así como una amplia ofensiva contra el crimen. La semana pasada, al presentar a su nuevo ministro de Seguridad, Gerald Campos, declaró: 'una guerra sin cuartel, una guerra de mano dura contra el crimen organizado'. Costa Rica, considerada uno de los países más estables de Centroamérica, ha visto un aumento de la criminalidad en los últimos años al convertirse en ruta de tránsito para el tráfico de drogas hacia EE.UU.
El país está construyendo una prisión de máxima seguridad inspirada en el centro antiterrorista CECOT de El Salvador, donde cientos de venezolanos fueron detenidos sin juicio tras ser deportados de EE.UU. a principios del año pasado. Al igual que El Salvador, Costa Rica acordó en marzo aceptar no ciudadanos deportados de EE.UU., un acuerdo que grupos de derechos humanos han condenado por dejar a los deportados en países sin vínculos y en condiciones potencialmente inhumanas.
