Por primera vez, Estados Unidos apunta a un cuadro político en funciones del partido gobernante mexicano, en plena renegociación del T-MEC. La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico ha puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un dilema de alto coste político.
La mandataria cerró filas con Rocha Moya, quien aseguró contar con su respaldo tras hablar del tema con ella. Sheinbaum condicionó cualquier extradición a que la Fiscalía General de la República presente pruebas claras, y advirtió que no permitirá la injerencia de un gobierno extranjero. "Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político", declaró en su conferencia matutina.
Rocha Moya, quien inicialmente dijo que permanecería en el estado, solicitó "licencia temporal" de su cargo para afrontar la investigación. La acusación, presentada ante un tribunal federal de Nueva York, lo vincula a "Los Chapitos", facción del Cartel de Sinaloa. El fiscal Jay Clayton señaló que el cartel no operaría con tanta libertad sin políticos y funcionarios corruptos.
El caso expone el límite de un acuerdo tácito entre ambos países: Washington solicitaba extradiciones y México entregaba. Ahora, Sheinbaum enfrenta la presión de mantener la unidad nacional frente al "embate exterior", mientras el oficialismo procesa otro escándalo: la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.
