Expertos en derecho internacional señalaron que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos es perfectible, pero en sus términos actuales obliga a la entrega de personas sin necesidad de presentar pruebas, solo con la solicitud formal como parte de un proceso penal.
Durante el panel “Extradición contemporánea: eficacia penal y tutela de derechos”, realizado en el marco del cincuentenario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Javier Dondé Matute y Raúl Iruegas Álvarez coincidieron en que casos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la decisión del gobierno será más política que jurídica.
Dondé Matute, doctor en derecho penal internacional y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum está bien asesorada y ha dado una buena respuesta política al decir que es un tema de soberanía y que se pedirán pruebas. Sin embargo, sugirió que la mandataria podría estar ganando tiempo para negociar con el gobierno de Donald Trump.
El experto indicó que, aunque no se ha detenido formalmente a Rocha Moya, se le ha asignado escolta, se le sigue a todas partes y se le congelaron cuentas bancarias, lo que considera indicios de que se cumplen los requisitos del tratado para solicitar la extradición. Preguntó por qué Estados Unidos no ha hecho la solicitud formal si ya tiene los elementos necesarios.
Por su parte, Iruegas Álvarez subrayó que el caso está supeditado a una decisión política y que habría que revisar si Rocha Moya podría recurrir al amparo. Ambos expertos coincidieron en que el tratado debe revisarse, ya que permite la privación de libertad hasta por 60 días antes de la entrega, lo que vulnera derechos humanos.
