Prórroga de la CRT para registro de celulares enfrenta dudas legales y operativas
Prórroga de la CRT para registro de celulares enfrenta dudas

Prórroga busca evitar desconexiones masivas, pero genera controversia

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México aprobó una nueva prórroga para el registro obligatorio de líneas telefónicas, estableciendo un calendario escalonado de agosto a diciembre. La medida busca aumentar el bajo nivel de cumplimiento, que al 25 de junio alcanzaba apenas 63 millones de líneas registradas, equivalentes al 39.1% del total estimado. De estas, 40.2 millones son de prepago y 22.8 millones de pospago, dejando 98 millones de líneas pendientes.

El gobierno federal defiende el registro como herramienta para combatir la extorsión y otros delitos cometidos mediante teléfonos móviles. Sin embargo, la decisión de la CRT de imponer fechas diferenciadas según el último dígito del número telefónico ha generado críticas de expertos en telecomunicaciones.

Especialistas cuestionan legalidad del calendario escalonado

Adolfo Cuevas, excomisionado presidente del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), señaló que la prórroga condicionada a un calendario específico podría contravenir la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El artículo transitorio trigésimo de la ley establece un plazo único de 120 días hábiles para que los usuarios regularicen sus líneas antes de que queden limitadas a llamadas de emergencia, sin contemplar fechas diferenciadas.

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“Este nuevo criterio no es realista. Queda claro que falta información, incentivos, mecanismos para generar confianza en los usuarios, antes que simplemente amenazarlos con perder un derecho constitucional a la expresión, comunicación y acceso a información”, advirtió Cuevas. El especialista considera que el esquema genera un trato desigual y aumenta el riesgo de que millones de líneas no completen el proceso antes de su fecha límite, especialmente aquellas con terminación en cero, que deben registrarse antes del 15 de agosto.

CRT no ha explicado los criterios jurídicos de la prórroga

Hasta el momento, la CRT no ha explicado públicamente los fundamentos legales y operativos de la prórroga escalonada. Expansión solicitó información sobre los argumentos que motivaron el nuevo esquema y el análisis que determinó su idoneidad, pero no obtuvo respuesta. Fuentes cercanas al regulador indicaron que la prórroga aún no había sido discutida ni aprobada formalmente por el Pleno de la CRT, paso necesario para que tenga efectos jurídicos, aunque se espera que sea avalada en las próximas horas. Posteriormente, la modificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El reto de convencer a 98 millones de usuarios

Más allá del calendario, el principal desafío es generar confianza y comunicar los beneficios del registro. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), calificó como positiva la ampliación del plazo, pero advirtió que el éxito dependerá de la capacidad de la CRT para informar adecuadamente a la población y coordinarse con los operadores para enviar recordatorios a los usuarios próximos a vencer. “Es positivo que CRT haya hecho la recalendarización y es un plan más inteligente y escalonado para las suspensiones, pero deberá empezar casi desde cero para difundir la política para que tenga éxito”, aseguró Bravo.

La incertidumbre persiste debido a dudas sobre la implementación, como los criterios dispares entre operadores para la toma de datos biométricos y la validación de líneas sin consentimiento expreso. Para disipar estas dudas, la CRT aseguró en un comunicado que durante el proceso se eliminarán datos o imágenes previas y enfatizó que el procedimiento no lo realiza el gobierno, sino las compañías telefónicas, que asocian el nombre y la CURP al número celular.

Primera prueba el 15 de agosto

La primera prueba del nuevo esquema será el 15 de agosto, cuando venza el plazo para las líneas con terminación en cero y comiencen las primeras suspensiones. Ese día se evaluará si la prórroga, la campaña de comunicación y la coordinación con operadores fueron suficientes para elevar el registro, o si la autoridad solo logró diferir el problema de las 98 millones de líneas sin vincular.

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