La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Google, confirmando la constitucionalidad del plazo de 10 días establecido en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) para la entrega de información en investigaciones por prácticas monopólicas. La empresa tecnológica había impugnado dicho plazo, argumentando su inconstitucionalidad, pero el máximo tribunal determinó que el plazo es razonable y proporcional.
Antecedentes del caso
En 2022, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ahora Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), inició un procedimiento contra Google por presuntas prácticas monopólicas relacionadas con el procesamiento de pagos para aplicaciones móviles. En enero de 2025, se solicitó información a Google, pero la empresa no cumplió con el plazo de 10 días ni con la única prórroga permitida de otros 10 días. Ante la negativa de una nueva prórroga, la autoridad impuso una multa de 2 millones 340 mil 979.74 pesos.
Resolución de la SCJN
El pleno de la SCJN, con el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, resolvió que el artículo 73 de la LFCE es constitucional. Dicho artículo establece que la CNA puede requerir información con un plazo de 10 días, prorrogable por única ocasión hasta por 10 días más si la causa lo justifica. El ministro ponente señaló que "el plazo de 10 días prorrogable guarda una relación racional con la finalidad de la investigación, pues se articula con el período de investigación previsto en el artículo 71 de la propia ley. Pretender prórrogas indefinidas vaciaría de contenido el período de investigación".
Próximos pasos
El Pleno ordenó devolver el expediente al Tribunal Colegiado para que determine si hubo arbitrariedad en la imposición de la multa y en el requerimiento de información. Google argumentó que la multa fue excesiva y que no se consideró la complejidad y el volumen de la información solicitada.
Esta decisión sienta un precedente importante sobre los plazos en investigaciones antimonopolio en México, reafirmando la facultad de la autoridad para exigir información en tiempos razonables sin que las empresas puedan dilatarlos indefinidamente.
