La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por más de 500 millones de pesos a El Puerto de Liverpool, Chedraui, Grupo Danhos, GICSA, Acosta Verde, DMI y ARYBA. La razón: establecieron acuerdos ilegales para manipular el pago de rentas de locales comerciales durante la pandemia de covid-19.
Acuerdos para fijar descuentos máximos
De acuerdo con la CNA, las desarrolladoras de centros comerciales se coordinaron para fijar descuentos máximos y, en algunos casos, para no otorgar descuentos a los inquilinos de sus centros comerciales durante la emergencia sanitaria. La autoridad recordó que, pese a las circunstancias extraordinarias, las disposiciones en materia de competencia económica permanecían vigentes y debían ser respetadas por todas las empresas.
Impacto en la economía
El organismo enfatizó que las crisis económicas o sanitarias no eximen a los participantes de un mercado de cumplir con las reglas que prohíben acuerdos entre competidores para fijar precios o condiciones comerciales. La resolución también destaca la relevancia económica del mercado de arrendamiento de locales comerciales en México, del cual dependen miles de pequeños y medianos negocios.
Para la autoridad, las prácticas anticompetitivas en el sector inmobiliario tienen efectos que trascienden la relación entre arrendadores y arrendatarios, ya que pueden impactar en los costos de operación de los comercios y, eventualmente, en los precios que pagan los consumidores. Asimismo, la CNA advirtió que este tipo de conductas puede tener repercusiones sobre el empleo y la actividad económica, especialmente cuando involucra a empresas con una presencia relevante en el mercado de centros comerciales.
Posibilidad de impugnación
No obstante, la resolución aún no es definitiva. Como parte del procedimiento, las empresas sancionadas cuentan con la posibilidad de impugnar la decisión mediante los mecanismos de defensa previstos en la legislación. Los agentes económicos involucrados podrán acudir a los tribunales especializados para controvertir las conclusiones de la autoridad y buscar la revocación o modificación de las multas impuestas.
