La preocupación por entregar datos biométricos y personales para mantener activas sus líneas telefónicas llevó a un ciudadano de Aguascalientes a convertirse en uno de los primeros usuarios en acudir a los tribunales contra el registro obligatorio de telefonía móvil. Su caso abre un nuevo frente legal para una medida que, a menos de un mes de entrar en vigor, enfrenta cuestionamientos por privacidad, seguridad de la información y alcance regulatorio.
El ciudadano promovió un amparo indirecto para evitar vincular dos números telefónicos a su identidad. El recurso fue presentado el 10 de febrero e ingresó un día después al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con el objetivo de proteger las líneas telefónicas con las que actualmente opera. Su identidad permanece reservada por motivos de privacidad.
Primera resistencia individual
La acción legal representa una de las primeras resistencias individuales contra la iniciativa que entró en vigor el pasado 9 de enero y que obliga a los usuarios a registrar sus líneas telefónicas mediante la entrega de datos personales y biométricos. Aunque el gobierno ha defendido la medida como una herramienta para fortalecer la seguridad y combatir delitos, los recursos legales comienzan a trasladar la discusión hacia la protección de datos y los derechos digitales.
De acuerdo con documentos consultados por este medio, el usuario sostiene que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) omiten la protección de derechos humanos y condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones establecidos en el artículo sexto constitucional.
Filtración masiva de datos
La preocupación por el manejo de información sensible se intensificó luego de que, durante las primeras 24 horas de operación del sistema, se reportara una filtración masiva de datos vinculada con usuarios de Telcel, un episodio que elevó las dudas sobre la capacidad institucional y empresarial para resguardar bases de datos de gran escala.
El ciudadano argumenta que antes de la entrada en vigor del registro obligatorio gozaba plenamente de derechos relacionados con la vida privada, la autodeterminación informativa, la protección de datos personales y el acceso libre a los servicios de telecomunicaciones, mientras que ahora enfrenta la obligación de proporcionar información sensible para mantener la conectividad.
“Tengo el temor fundado de que el Estado no garantice la seguridad de nuestros datos personales, así como el temor a que el Estado limite nuestro derecho al acceso a las tecnologías y a la comunicación”, señaló el ciudadano en el documento de amparo.
Privacidad, regulación y acceso a servicios
El recurso solicita que el Juzgado Primero de Distrito analice la constitucionalidad de las disposiciones relacionadas con el registro telefónico obligatorio, bajo el argumento de que vulneran derechos fundamentales vinculados con la privacidad, la protección de datos personales y el acceso a las comunicaciones.
Más allá del caso individual, especialistas consideran que estos primeros recursos podrían convertirse en una prueba temprana sobre la capacidad del sistema judicial para revisar el alcance de la medida. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y especialista en telecomunicaciones, alertó que existe incertidumbre jurídica y eso ha limitado que operadores y algunas organizaciones civiles impulsen más recursos legales.
“Estamos en un escenario donde lineamientos regulatorios de menor jerarquía, como un lineamiento de la CRT, podrían terminar afectando derechos constitucionales de millones de usuarios”, dijo.
Bravo explicó que, tras la reforma judicial, los amparos tienen efectos acotados y, en principio, una resolución favorable protegería únicamente a la persona que promovió el recurso, por lo que el registro obligatorio seguiría vigente para el resto de los usuarios. No obstante, ello no impide que los litigios puedan influir en la construcción de criterios judiciales futuros.
Posibles precedentes judiciales
Con la reforma al sistema de jurisprudencia, la creación de precedentes obligatorios dejó de depender, en muchos casos, de acumular cinco sentencias en el mismo sentido y ahora una sola resolución de la Suprema Corte, aprobada por mayoría calificada, puede establecer criterios vinculantes para los tribunales del país. Bajo ese escenario, un fallo favorable en instancias inferiores no frenaría por sí mismo la implementación de la medida, pero sí podría abrir una ruta de litigios que eventualmente escale hacia tribunales superiores y contribuya a definir los límites regulatorios sobre privacidad, protección de datos y derechos digitales.
No obstante, el especialista considera que el contexto político que enfrentan actualmente los tribunales podría reducir la disposición judicial para confrontar decisiones gubernamentales relacionadas con regulación y seguridad.
El registro avanza lento y bajo cuestionamientos
El amparo promovido en Aguascalientes tampoco es una acción aislada. Organizaciones civiles comenzaron a movilizarse contra la medida mientras crece la oposición digital. Una petición impulsada a través de Change.org para eliminar el registro obligatorio había reunido, hasta la publicación de este texto, 347 firmas. Aunque la cifra todavía es limitada, muestra el inicio de una resistencia organizada frente a una política pública que busca ampliar los controles sobre las comunicaciones móviles.
Los recursos legales y las acciones de organizaciones civiles ocurren mientras la autoridad regulatoria mantiene su postura de no otorgar una prórroga al registro telefónico, pese a las dudas sobre el avance real del proceso y la reticencia de algunos usuarios a completar la vinculación.
Avance de apenas 32.5%
Según cifras oficiales, al 1 de junio, 52.3 millones de personas habían vinculado sus líneas móviles, equivalente a 32.5% de las 160 millones de líneas existentes en el país. No obstante, la CRT no ha detallado cuántos registros corresponden a usuarios de prepago y cuántos pertenecen a clientes de pospago, un dato clave para medir el verdadero alcance del avance.
Las decisiones regulatorias recientes también añadieron presión al debate. En mayo, la CRT avaló permitir que operadores registren líneas de pospago utilizando información que ya poseen en sus bases de datos sin solicitar consentimiento previo a las personas. Para los especialistas consultados, esta medida genera cuestionamientos sobre el uso y manejo de información recopilada originalmente mediante contratos de servicio y amplía las dudas sobre el tratamiento de información personal.
