La planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, iniciará su primera fase de operaciones comerciales en el primer semestre de 2027, lo que permitirá reducir en aproximadamente un tercio las importaciones mexicanas de fertilizantes nitrogenados, según informó Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía (SE).
En entrevista con Excélsior, el funcionario destacó la magnitud del proyecto: “Solo con esa planta vamos a reducir como en un tercio nuestras importaciones de fertilizantes nitrogenados, de ese tamaño es la magnitud del proyecto”. Este complejo petroquímico contribuirá a la autosuficiencia alimentaria del país al producir los fertilizantes e insumos necesarios para el campo, alineados con el proyecto de desarrollo nacional.
Supervisión gubernamental y compromiso ambiental
Silva Castañeda indicó que la Secretaría de Economía ha mantenido una supervisión precisa del complejo desde su inicio en 2014, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realiza las labores correspondientes en su ámbito. “La discusión no debe ser si la planta sí o la planta no, creo que la discusión debe ser cómo garantizar que cualquier proyecto industrial o de punta cumpla la ley, proteja el medio ambiente y genere beneficios reales para las comunidades”, comentó.
El complejo, perteneciente al consorcio suizo-alemán Proman, ya genera 10 mil empleos directos e indirectos: 300 directos en construcción, 7 mil indirectos entre proveedores de servicios, transportistas y comercios, y 300 empleos permanentes que priorizarán a habitantes de Topolobampo y Los Mochis. “La mayor parte de los empleos que se van a generar son indirectos, de proveedores, servicios, etcétera, que va a requerir esa planta cuando esté funcionando y que son actividades que perfectamente se pueden llevar a cabo por miembros de la comunidad”, explicó Silva.
Inversión social y capacitación comunitaria
GPO prevé un financiamiento de 1.5 millones de pesos para inversión social durante el resto de 2026 y 8 millones adicionales para 2027, administrados a través de un fideicomiso con el gobierno como garante, pero gestionado por la comunidad. Hasta ahora, el proyecto ha destinado 4.2 millones de pesos para infraestructura educativa en las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Topolobampo, beneficiando a mil 100 alumnos, y donó un camión escolar.
En colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN), se abrieron programas de capacitación para 3 mil 745 personas, especialmente mujeres. En 2022 y 2023, continuaron los cursos para mujeres, sumando 2 mil 885 beneficiarias adicionales. Silva destacó la importancia de que las empresas ofrezcan beneficios a las comunidades donde se instalan: “Nosotros tenemos que convencer a las empresas que ponen en riesgo su capital, que generan empleos, que nos permiten crecer y convencerlas de que necesitamos que los efectos de su inversión se reflejen en las comunidades”.
Impacto en la seguridad alimentaria
El funcionario subrayó que el proyecto es atractivo porque reduce la dependencia de insumos básicos para la producción de alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria del país. La planta de amoniaco representa un paso importante hacia la autosuficiencia en fertilizantes, un sector clave para el campo mexicano.
