Desde hace más de 50 años, las empresas fantasma, hoy conocidas como factureras, han operado en México con el objetivo de destruir la Hacienda pública mediante el fraude fiscal. En las últimas dos décadas, su actividad se ha extendido al desvío de recursos públicos y al lavado de dinero, según explica Luis Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo.
¿Qué son las factureras?
Las empresas fantasma no son empresas ni son fantasma. Se constituyen legalmente ante fedatario público, se inscriben en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y abren cuentas bancarias. Su finalidad no es generar empleo ni riqueza, sino depredar el erario federal y competir deslealmente con la economía formal.
El término "fantasma" tiene origen histórico. Antes de 2014, cuando se digitalizó el sistema tributario, las facturas se compraban en papelerías y los contribuyentes llenaban los datos. Era común inventar denominaciones sociales, domicilios y RFC ficticios, de ahí el nombre. Posteriormente, se exigió que los comprobantes se imprimieran en imprentas autorizadas, pero los registros también se falseaban.
La era digital y los nuevos fraudes
Hoy todos los comprobantes se expiden por internet (CFDI) usando la plataforma del SAT. Las autoridades verifican la información, pero los actos consignados pueden ser simulados. En la mayoría de los casos, los socios son prestanombres o personas con identidades robadas; los verdaderos dueños nunca aparecen en las escrituras ni en las bases de datos del SAT.
La osadía de los factureros ha llegado a extremos absurdos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se robó la identidad del entonces jefe del SAT para constituir más de 80 empresas fantasma. Los empleados de Hacienda no identificaron el nombre de su patrón y las dieron de alta en el RFC. Algo similar ocurrió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció en septiembre de 2019 que le robaron su identidad y la de su esposa para crear 26 empresas fantasma en Veracruz. Los notarios fingieron desconocer su nombre, y la trama fue articulada por funcionarios del SAT que asignaron como domicilio fiscal las propias oficinas de la dependencia.
Factureras y nomineras: hermanas siamesas
En la actualidad, a estas empresas se les denomina "fachada" o "factureras", pues su único negocio es vender CFDIs que amparan operaciones falsas. Las nomineras, por su parte, simulan la prestación de servicios especializados para encubrir relaciones laborales mediante outsourcing ilegal. Ambas son herramientas del mismo fraude.
El modus operandi es simple: emiten CFDIs por gastos simulados que sus clientes hacen deducibles en el ISR y acreditables en el IVA. La evasión se consuma porque las facturas son falsas y las empresas fantasma no pagan los impuestos a su cargo, para luego desaparecer. Las ganancias ilícitas se distribuyen entre socios y directivos, a menudo transferidas a paraísos fiscales o a Estados Unidos. Los factureros cobran una comisión.
Impacto económico y político
Las empresas fantasma generan miles de millones de pesos, lo que les permite comprar voluntades políticas, patrocinar campañas electorales y corromper funcionarios de todos los colores. La sofisticación de los esquemas y las complicidades dificultan su combate.
Un caso reciente es el llamado "El Caballito", un entramado de empresas fantasma en seis estados, con sede en Guadalajara, desarticulado por el gobierno de México. El monto involucrado asciende a 12 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto de 2026 para esa dependencia. Según Pérez de Acha, las medidas del SAT han inhibido el mercado de las factureras, pero queda mucho por hacer. Se trata de delincuencia organizada, cuyo desmantelamiento debe ser una decisión de Estado.
