El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha pronunciado públicamente para aclarar su posición respecto a la investigación federal sobre la desaparición de diez trabajadores de una mina ubicada en Concordia. Durante su conferencia semanal habitual, el mandatario estatal enfatizó que no puede interferir en las diligencias que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), ya que carece de información precisa sobre los avances del caso.
Autoridades federales a cargo de la investigación
Rocha Moya precisó que, al tratarse de un asunto bajo la jurisdicción de la FGR, él no está en condiciones de proporcionar ningún dato concreto. "No tengo información disponible sobre cómo evoluciona la investigación, por lo que no puedo interferir en las pesquisas de este caso", declaró el gobernador, subrayando la separación de competencias entre las autoridades estatales y federales.
Empresa canadiense expresa consternación
Por su parte, la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., propietaria del proyecto minero de Concordia, emitió un comunicado oficial en el que manifestó su profunda consternación por la localización sin vida de algunos de sus colegas. La compañía evitó precisar el número de víctimas, a la espera de la información oficial de las autoridades correspondientes.
En el documento, Vizsla Silver Corp. destacó que sus esfuerzos se concentran actualmente en dos frentes principales: la recuperación segura de los trabajadores que permanecen en calidad de desaparecidos y el apoyo integral a todas las familias afectadas, así como a su personal, durante este momento de extrema dificultad.
Identificación de las víctimas
Autoridades del estado de Zacatecas, lugar de origen de varios de los ingenieros desaparecidos, confirmaron que los cuerpos de Ignacio Aurelio Salazar Flores y José Ángel Hernández Vélez fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde, dentro del municipio de Concordia.
Además, la Cámara Minera de México informó que en la misma fosa se localizaron los restos de José Manuel Castellanos Hernández, de 43 años y originario del estado de Guerrero, así como los de José Antonio Jiménez Nevárez. Estos hallazgos forman parte de la trágica cuenta de un total de cuatro cuerpos identificados hasta el momento, de los diez trabajadores reportados como desaparecidos.
Contexto de inseguridad en el sector minero
Este incidente se enmarca en un preocupante contexto de inseguridad que afecta al sector minero en México. La Cámara Minera ha denunciado en repetidas ocasiones que los secuestros y desapariciones de trabajadores mineros no son hechos aislados, sino que representan un riesgo permanente que enfrenta la industria.
La falta de seguridad en las zonas mineras se ha convertido en un desafío constante, no solo para las empresas operadoras, sino también para las comunidades locales y las familias de los trabajadores, quienes viven bajo la amenaza latente de la violencia y el crimen organizado.
El caso de Concordia pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y justicia en las regiones donde se desarrollan actividades mineras, garantizando la protección de los derechos humanos y laborales de todos los involucrados en este sector económico vital para el país.
