La revisión del T-MEC, programada para 2026, ha puesto nuevamente sobre la mesa la protección a los inversionistas extranjeros y la política energética de México. El mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) fue uno de los puntos más debatidos durante la renegociación del TLCAN, y su futuro sigue siendo incierto.
El mecanismo ISDS y su evolución
Durante más de tres décadas, México construyó su atractivo para la inversión extranjera sobre la base de reglas claras y protección internacional. El ISDS, plasmado en el TLCAN, permitía a empresas extranjeras acudir a tribunales internacionales si consideraban que una decisión gubernamental dañaba su inversión. Sin embargo, el T-MEC eliminó este mecanismo entre Estados Unidos y Canadá, y lo limitó para México, dejándolo vigente solo en sectores estratégicos como petróleo, gas, generación eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura y transporte.
El debate sobre el ISDS ha sido intenso en Estados Unidos. Sus defensores argumentan que ofrece seguridad jurídica para inversiones en el extranjero, mientras que sus críticos señalan que otorga derechos procesales adicionales a empresas extranjeras, que pueden frenar políticas públicas en salud, medio ambiente o regulación económica. Durante la renegociación del TLCAN, el entonces representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, cuestionó por qué un inversionista extranjero debía tener más herramientas legales que una empresa estadounidense, calificando el mecanismo como un “seguro contra el riesgo político”. No obstante, congresistas, asociaciones empresariales e industrias como la petrolera presionaron para mantener las protecciones del TLCAN.
México defendió el ISDS
México, por su parte, buscó conservar el ISDS durante la renegociación, según un informe del Congreso estadounidense. El gobierno mexicano consideraba que el mecanismo era una señal de apertura para los inversionistas internacionales y fortalecía la confianza en el clima de negocios del país. Incluso antes de concluir las negociaciones del T-MEC, México firmó en 2018 un nuevo marco internacional sobre arbitrajes entre inversionistas y Estados para mostrar su compromiso con la protección de inversiones.
El resultado fue un esquema intermedio: el T-MEC eliminó el ISDS entre EE.UU. y Canadá, y mantuvo una versión limitada para México. En la mayoría de los casos, las empresas deben primero acudir a tribunales mexicanos durante hasta 30 meses antes de recurrir al arbitraje internacional, excepto en sectores estratégicos que conservaron un acceso más amplio.
La energía como punto crítico
El tema cobró relevancia con los cambios en la política energética mexicana. El informe del Congreso estadounidense señala que aproximadamente uno de cada tres arbitrajes internacionales de inversión en el mundo involucra proyectos de energía o industrias extractivas. Durante la negociación del T-MEC, el Comité Asesor de Comercio sobre Energía de la USTR lamentó la limitación del ISDS para México y su eliminación para Canadá, argumentando que las reglas del TLCAN ofrecían la certidumbre necesaria para proyectos energéticos de gran escala y largo plazo.
Las reformas energéticas mexicanas, que priorizan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y establecen que al menos 54% de la electricidad debe provenir de la empresa pública, han sido señaladas por la USTR como posibles barreras al comercio. En 2022, Estados Unidos solicitó consultas formales contra México por considerar que sus políticas energéticas incumplen obligaciones del T-MEC. Además, el Congreso estadounidense analiza iniciativas para presionar a México durante la revisión del tratado, buscando garantizar un acceso no discriminatorio a las empresas energéticas estadounidenses.
El futuro de la revisión
La revisión del T-MEC abarca decenas de temas comerciales, pero el informe del Congreso estadounidense deja claro que la protección a las inversiones y la política energética mexicana serán capítulos sensibles. Según el análisis, los cambios en México revierten parte de la apertura impulsada durante la reforma energética de 2013, y las diferencias ya han llegado al mecanismo de solución de controversias entre gobiernos. El proceso de revisión, que comienza en 2026, podría redefinir el equilibrio entre la protección a los inversionistas y la soberanía energética de México.
