La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que el inmueble ubicado en Antonio Caso 104 y 108, en la colonia San Rafael, será devuelto a sus dueños legítimos si estos acreditan su propiedad. La declaración se realizó durante la conferencia de prensa del 10 de agosto de 2026, en respuesta a la solicitud de los propietarios despojados hace 22 años, quienes piden al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) la restitución del edificio, tal como lo ordenó un tribunal colegiado.
Instrucción a la Consejería Jurídica
Brugada pidió a la consejera jurídica, Eréndira Cruz Villegas, analizar el caso: "Le diría a la Consejería Jurídica que atiendan este caso, como decimos: quien demuestre efectivamente que tiene la propiedad se tiene que restituir; en este caso creo que es un caso distinto, pero igual por nuestra parte, si está bien definido quién tiene la propiedad, pues adelante".
La mandataria capitalina insistió en que "sería un buen caso para que se le informe a la consejera jurídica, puedan verlo junto con el INVI: el INVI nos informa que, a solicitud de los inquilinos que habían estado pagando renta allí durante muchos años, ya no contaban con un propietario acreditado, que así empezó el tema".
Antecedentes del conflicto
De acuerdo con información publicada por Excélsior, hace 22 años un grupo violento invadió el edificio, convenció a los vecinos de dejar de pagar renta, se unió a la Asamblea de Barrios y solicitó al INVI la construcción de vivienda social. El INVI intentó expropiar el inmueble en 2013 y 2021, pero los jueces negaron la expropiación al considerar que existen dueños legítimos que fueron despojados.
Brugada también comentó: "Nos dice el INVI que nunca han tenido posesión ni resguardo de ese edificio y que el gobierno de la ciudad está buscando, la Secretaría de Vivienda, la mejor solución para los inquilinos, que esa es la preocupación".
Postura del gobierno y próximos pasos
La jefa de Gobierno garantizó que, si los propietarios acreditan su derecho, se procederá a la restitución. No obstante, señaló que el caso presenta particularidades y que el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Vivienda, busca una solución que considere también a los inquilinos que han ocupado el edificio durante años.
El caso queda ahora en manos de la Consejería Jurídica, que deberá revisar la documentación presentada por los dueños y coordinar con el INVI las acciones correspondientes. La resolución deberá atender tanto la orden del tribunal colegiado como la situación de los inquilinos actuales.
