En el Congreso de la Ciudad de México se impulsa una reforma constitucional para impedir que deudores alimentarios y personas condenadas por delitos sexuales, violencia de género o violencia intrafamiliar puedan ocupar cargos públicos. La iniciativa, presentada por el diputado de Morena Alberto Martínez Urincho, reforma el Apartado A del artículo 7 de la Constitución capitalina y fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, así como a la de Administración Pública Local para su análisis y dictaminación.
Requisitos más estrictos para cargos públicos
De aprobarse, quienes aspiren a un puesto de elección popular, dirigir un organismo autónomo o desempeñarse en los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, así como en alcaldías y organismos autónomos, deberán acreditar que no son deudores alimentarios y que carecen de una sentencia firme por delitos sexuales, violencia de género o violencia familiar. La medida busca fortalecer la integridad del servicio público y garantizar estándares mínimos de conducta ética, bajo principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y equidad para reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.
Perspectiva de género y protección a la infancia
La iniciativa incorpora una perspectiva de género y de protección a las infancias, al considerar que el incumplimiento de obligaciones alimentarias constituye una forma de violencia económica que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Según cifras del INEGI y organizaciones civiles citadas en la exposición de motivos, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria, y el 67.5 por ciento de las madres solteras enfrentan solas el incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de sus exparejas.
Violencia de género: cifras alarmantes
En materia de violencia de género, la iniciativa señala que las mujeres concentran la mayor incidencia en delitos relacionados con violencia familiar, agresiones sexuales y violencia de género. Por cada delito sexual cometido contra un hombre, se registran ocho contra mujeres. La tasa de incidencia alcanza los 4,160 delitos sexuales por cada 100,000 mujeres, frente a 546 por cada 100,000 hombres. Respecto a la violencia familiar, cada año se abren entre 270,000 y 285,000 carpetas de investigación en México, aunque la cifra negra es considerablemente mayor, según reportes de emergencias y encuestas de victimización del INEGI.
Impacto en mujeres y niñas
Alrededor de ocho de cada diez víctimas de violencia familiar son mujeres y niñas. El 49.7 por ciento de las mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida, y el 34.7 por ciento ha sido víctima de violencia física. Estas cifras, según el diputado promovente, justifican endurecer los requisitos para acceder al servicio público en la capital del país. La propuesta ahora está en manos de las comisiones legislativas para su dictaminación.
