Liz Salgado, diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), ha emitido un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México para garantizar que la expansión del sistema Cablebús se ejecute bajo estrictos estándares de seguridad, planeación técnica y diálogo con las comunidades afectadas. La legisladora enfatizó que la movilidad urbana debe priorizar a los usuarios y a los residentes de las zonas donde se desarrollarán las obras, advirtiendo que la necesidad de infraestructura no exime a las autoridades de cumplir con obligaciones de transparencia.
Requerimientos técnicos y preocupaciones ciudadanas
Salgado destacó que las solicitudes de información presentadas por su bancada han permanecido sin respuesta adecuada. Hasta la fecha, solo se ha hecho público el trazo general y algunas representaciones gráficas (renders) de las estaciones, lo cual considera insuficiente para una evaluación responsable. La diputada señaló que existen inquietudes concretas de la ciudadanía que deben ser atendidas antes y durante la ejecución de los trabajos, destacando tres ejes principales: las condiciones del suelo, la seguridad estructural de las obras y las posibles afectaciones en zonas habitacionales con espacios reducidos.
En particular, la Línea 5 del Cablebús, cuyo recorrido atraviesa distintas áreas de las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, con terminal final en el Centro de Transporte Metrobús (Cetram) Mixcoac en Benito Juárez, genera especial atención. Salgado identificó como puntos críticos Tetelpan, Olivar del Conde, Colinas del Sur y Mixcoac. En estas localidades, debido a las características topográficas y urbanas, es indispensable explicar con claridad los métodos constructivos, las medidas de mitigación de impactos y los protocolos de protección para personas que viven y transitan en esos corredores.
Integración con la red de transporte existente
Un aspecto central de la intervención pública fue la integración de la nueva infraestructura con el sistema de transporte masivo vigente. La legisladora consideró indispensable conocer cómo se articularán las nuevas líneas con la red actual, específicamente con las líneas 7 y 12 del Metro. El objetivo es evitar que la mejora en la conectividad de la zona poniente de la capital simplemente traslade los problemas de saturación a otros nodos estratégicos de la red, garantizando así una optimización real del flujo de pasajeros y no una redistribución de la congestión.
La diputada recordó que esta postura no es nueva. Desde el mes de mayo, la fracción parlamentaria del PAN solicitó al Ejecutivo local información detallada sobre los proyectos. Entre los requerimientos específicos se incluyen estudios de mecánica de suelos, estrategias de mitigación ambiental y social, y planes para atender riesgos potenciales. Asimismo, se pidió la comparecencia de los titulares de las secretarías de Obras y Servicios y de Movilidad para rendir cuenta sobre estos avances.
Falta de respuesta y llamado a la rendición de cuentas
A pesar de las gestiones realizadas, Salgado afirmó que ninguna de las peticiones ha sido atendida por la mayoría legislativa de Morena. La legisladora subrayó que el problema radica en que el gobierno pretenda avanzar con las obras sin responder preguntas legítimas de la ciudadanía, sin mostrar los proyectos completos ni especificar calendarios claros y presupuestos detallados.
«Una obra necesaria no puede convertirse en una obra que se construya de espaldas a quienes viven en las zonas donde se va a desarrollar», declaró la diputada. Para ella, es indispensable establecer un mecanismo formal y permanente de diálogo con las comunidades involucradas, asegurando el acceso público a toda la información técnica de los proyectos.
Finalmente, Salgado hizo un llamado directo al Gobierno de la Ciudad para que no confunda el inicio físico de una obra con la conclusión de sus responsabilidades administrativas y sociales. La diputada instó a garantizar que las nuevas líneas del Cablebús se desarrollen con planeación rigurosa, seguridad verificada, total transparencia y una atención efectiva a las demandas de las comunidades, asegurando que la inversión pública beneficie realmente a la población sin generar externalidades negativas no evaluadas.
