El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (INVI) continúa reteniendo ilegalmente un edificio ubicado en las calles Antonio Caso 104 y 108, en la colonia San Rafael, a pesar de que una sentencia judicial firme ordenó su devolución a los propietarios originales. La última prórroga concedida por el juzgado para cumplir con la orden se venció la semana pasada sin que la dependencia haya restituido el inmueble, lo que ha generado una nueva demanda de intervención directa por parte de los afectados.
Cronología del despojo y resistencia legal
La disputa por la propiedad tiene más de dos décadas de antigüedad. En el año 2004, un grupo de personas ingresó violentamente a varios departamentos vacíos dentro del edificio, el cual consta de 34 unidades habitacionales y nueve locales comerciales. Según relata uno de los legítimos dueños, quienes solicitaron permanecer en el anonimato ante el medio Excélsior, los invasores convencieron a los residentes de que debían dejar de pagar renta bajo la falsa promesa de que se iniciaría un proceso de expropiación a su favor.
Posteriormente, los ocupantes afiliaron a los habitantes del edificio a la organización Asamblea de Barrios y utilizaron esa figura colectiva para solicitar créditos ante el INVI. Esta estrategia derivó en que, en agosto de 2013, la institución iniciara un procedimiento de expropiación contra los titulares reales de la propiedad. Sin embargo, los dueños presentaron amparos que llevaron a un juez federal a determinar que el INVI había tomado el inmueble de manera ilegal, al no acreditar ser poseedores legítimos. Como resultado, el proceso fue cancelado oficialmente el 6 de agosto de 2014.
Nuevos intentos y fallo judicial definitivo
A pesar de la resolución de 2014, el INVI intentó nuevamente integrar una segunda carpeta de expropiación en 2021. Los propietarios lograron demostrar que un juez ya había negado dicha medida en años anteriores, lo que obligó a la institución a desistir. No obstante, la situación cambió radicalmente cuando, el 2 de junio de 2025, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa emitió una orden específica para que el INVI devolviera el edificio a sus dueños legítimos.
Ante esta determinación, el instituto promovió un recurso de revisión ante un tribunal colegiado. Sin embargo, en febrero de 2026, este órgano superior ratificó la sentencia original, confirmando la obligación del INVI de entregar el inmueble. A pesar de contar con múltiples prórrogas otorgadas por la vía judicial para acatar la disposición, la entidad no ha cumplido con la entrega física de la propiedad al vencerse el último plazo la semana pasada.
Exigencias a la Jefa de Gobierno
Frente al incumplimiento, los propietarios han dirigido un llamado directo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El titular de la propiedad solicitó formalmente que se les devuelva su bien en un plazo máximo de 15 días, citando las declaraciones públicas realizadas por la mandataria, quien anunció que las propiedades despojadas serían restituidas en dicho lapso siempre que se acredite el delito de despojo y la titularidad correspondiente.
Los afectados reiteran que su petición busca que se acate estrictamente la sentencia judicial emitida por la autoridad competente. Tras 22 años de pérdida del uso y disfrute de su patrimonio, la comunidad de propietarios insiste en que la única solución viable es la restitución inmediata del edificio, dejando atrás los intentos administrativos fallidos de la institución habitacional local.
