El abogado constitucionalista Rodolfo Martínez, socio de Trusan & Roma Abogados y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, recomendó a los aspirantes seleccionados no presentar el examen de control presencial si pretenden impugnar la medida mediante un amparo, ya que hacerlo podría interpretarse como un consentimiento del acto reclamado.
Recomendación de no presentar el examen
En entrevista, Martínez explicó que alrededor de 70 aspirantes ya han solicitado asesoría jurídica en su despacho para promover juicios de amparo indirecto ante juzgados de distrito en materia administrativa. La intención es controvertir la decisión de la UNAM de aplicar una evaluación presencial adicional a quienes obtuvieron un lugar en el proceso de admisión en línea.
“Mi recomendación es no hacer el examen de control, porque va a constituir un consentimiento del acto reclamado. Si estos alumnos hacen el examen, ya hay una aceptación de la medida de la Universidad y pierden la oportunidad de pelearlo por la vía del amparo”, afirmó el especialista.
La convocatoria no contempla el examen
Martínez sostuvo que la convocatoria emitida por la propia UNAM no establece la aplicación de un examen de control para validar los resultados de los aspirantes seleccionados. “La UNAM puso las reglas del juego en la convocatoria y en ninguna parte se estableció que, en caso de duda sobre la calificación obtenida, se pasaría a un examen de control”, señaló.
El constitucionalista agregó que, conforme a la convocatoria, los resultados obtenidos por los alumnos que alcanzaron el puntaje necesario para acceder a alguna de las carreras elegidas son legítimos. También subrayó que la autonomía universitaria no exime a la institución del cumplimiento de principios constitucionales como el debido proceso.
Posible aumento de amparos
El catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM prevé que el número de amparos aumente en los próximos días conforme más aspirantes conozcan el alcance de la medida. Los recursos se promoverían ante juzgados de distrito en materia administrativa.
No obstante, Martínez reconoció que un juicio de amparo difícilmente tendría efectos para el actual proceso de admisión. “Un amparo no es algo que se pueda resolver en una o dos semanas. En el mejor de los escenarios, los alumnos podrían lograr que se reconozca su derecho para el próximo ciclo escolar”, explicó.
