La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dado un paso firme y definitivo al finalizar de manera anticipada su convenio contractual con la empresa Territorium Life. Esta resolución llega como consecuencia directa de la grave crisis institucional desatada durante el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, un proceso que se vio empañado por resultados atípicos y anomalías estadísticas significativas respecto a los promedios históricos esperados.
Deslinde de responsabilidades y recuperación de datos
La decisión unilateral de la máxima casa de estudios no solo busca cortar la relación operativa, sino iniciar de inmediato un riguroso deslinde de responsabilidades tanto administrativas como legales. En una rueda de prensa sostenida con representantes de los medios de comunicación, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, detalló las medidas coercitivas aplicadas para proteger la integridad académica de la institución.
Concha Cantú enfatizó que la universidad exigió a la proveedora tecnológica la entrega inmediata e íntegra de todas las bases de datos generadas durante todo el proceso evaluativo. Según afirmó el representante legal, estos registros son propiedad exclusiva de la UNAM, lo que refuerza la postura de la rectoría ante cualquier intento de retención o manipulación de la información sensible de los aspirantes.
Cuatro frentes de auditoría y fiscalización
Para garantizar una rendición de cuentas transparente y robusta, la rectoría de la UNAM, bajo el mando del rector Leonardo Lomelí Vargas, ha implementado una estrategia integral que abarca cuatro ejes fundamentales de vigilancia y análisis. Este multifrontismo tiene como objetivo esclarecer las fallas técnicas y procedimentales que derivarán en la aplicación de un nuevo examen de control presencial en los próximos días.
El primer frente corresponde a la fiscalización federal. El pasado 4 de agosto, el rector Lomelí solicitó formalmente la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Esta entidad tendrá la encomienda de verificar el cumplimiento estricto de la normatividad vigente en materia de contratación pública, evaluar la ejecución presupuestaria del acuerdo y, crucialmente, identificar las fallas estructurales en la planeación inicial del concurso.
En segundo lugar, se activará una auditoría tecnológica especializada. Dado que el núcleo de la controversia reside en la plataforma digital, se designará, de común acuerdo con Territorium Life, a una firma externa e independiente. Esta compañía será responsable de auditar minuciosamente el código fuente, la arquitectura del sistema y toda la infraestructura digital utilizada durante la evaluación, buscando detectar posibles manipulaciones algorítmicas o errores críticos.
El tercer eje es la auditoría interna, a cargo de la Contraloría General de la propia UNAM. Este órgano realizará una revisión exhaustiva de los procedimientos internos de licitación y adjudicación del contrato, asegurando que no existan vicios en la selección del proveedor ni irregularidades en la gestión administrativa previa al inicio del examen.
Finalmente, la Comisión Técnica de Personas Expertas continúa operando como el órgano colegiado especial encargado de analizar toda la información recopilada del concurso de selección. Su función es emitir observaciones técnicas, formular recomendaciones correctivas y, fundamentalmente, delimitar las responsabilidades individuales e institucionales derivadas de los hechos ocurridos.
Compromiso con la transparencia institucional
Frente a las críticas y la incertidumbre generada en la comunidad estudiantil y escolar, Hugo Concha Cantú reiteró que el contrato celebrado con Territorium Life fue publicado y accesible desde el primer momento a través de los mecanismos institucionales de transparencia y acceso a la información de la UNAM. Esta acción busca demostrar que la institución no ocultó detalles relevantes sobre la asociación empresarial.
Con la implementación de estas medidas drásticas pero necesarias, la UNAM reafirma su compromiso inquebrantable con la ciudadanía y la comunidad universitaria. El objetivo final es no solo resolver la contingencia actual mediante un nuevo examen de ingreso, sino fortalecer los procesos administrativos y académicos futuros para prevenir recurrencias similares y restaurar la confianza en el sistema de selección universitario.
