Desde el 27 de abril, integrantes del Consejo del Pueblo de Santa Cruz de Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, han mantenido detenida la construcción del desarrollo residencial Único Privée, que la inmobiliaria GDC pretende edificar sobre Avenida Cuauhtémoc 1319. Aunque el predio no cuenta con sellos de clausura emitidos por dependencias capitalinas, los pobladores colocaron sus propios pegotes y realizan una vigilancia continua para impedir el ingreso de maquinaria.
Suspensiones judiciales y comunitarias
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a los habitantes el pasado 16 de julio. Sin embargo, los trabajos ya estaban detenidos desde antes por la clausura colocada por el propio Consejo del Pueblo. El abogado de la comunidad, Arturo Aparicio, explicó a Excélsior: “El proyecto tiene actualmente dos órdenes de suspensión, la suspensión por parte del tribunal de amparo y la suspensión por parte de la clausura del pueblo”.
Los pobladores fundamentan su acción en su condición de pueblo originario. Aparicio señaló que “no estamos hablando de una zona en el territorio de Santa Cruz Atoyac que hubiera dudas sobre si el pueblo está habitado o no históricamente. Aquí está plenamente acreditado porque el programa delegacional de desarrollo urbano desde 1997 lo reconoce”.
Denuncias de incumplimiento
A pesar de las suspensiones, los vecinos reportaron que en ocasiones ingresan personas a laborar en el sitio. La excavación para estacionamientos ya supera los cuatro metros de profundidad. Arturo Juárez, secretario del Pueblo de Santa Cruz Atoyac, afirmó: “No han respetado ni la suspensión provisional ni la de autoridades del pueblo, ni de las autoridades, ni de los juzgados. (El 14 de julio) los sorprendimos en el acto, exactamente, porque estaban metiendo la maquinaria”.
Un actuario judicial acudió al lugar el jueves para verificar las posibles violaciones a la suspensión provisional. La decisión sobre si se concede la suspensión definitiva y si se sanciona a la desarrolladora se conocerá el próximo martes.
Constructora desconoce al Consejo
GDC, mediante un comunicado fechado el 23 de julio, manifestó que no reconoce la autoridad del Consejo del Pueblo de Santa Cruz de Atoyac, argumentando que ni el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ni la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) tienen registro oficial que acredite su personalidad jurídica. La desarrolladora citó el oficio SEPI/SJN/333/2026, donde SEPI informa que en sus archivos no existe un acta constitutiva de dicho pueblo.
“En consecuencia, la legislación vigente no establece para este proyecto la obligación de realizar una consulta a una organización que carezca de reconocimiento jurídico por parte de las autoridades competentes”, sostuvo la empresa.
Postura de la comunidad
Pese a la postura de GDC, el Consejo insiste en la vigencia de ambas suspensiones. El abogado Aparicio advirtió que “la clausura del pueblo, cabe señalarlo, que hasta el momento no ha sido impugnada por la inmobiliaria, y si quisieran impugnar la inmobiliaria esa clausura, ya está fuera de tiempo porque el recurso que podría interponer la inmobiliaria es un juicio de amparo porque se trata de derecho de los pueblos originarios y el pueblo hizo la clausura en calidad de autoridad”. Añadió que “así el juzgado retirara la suspensión, la clausura del pueblo sigue vigente. Eso generará un conflicto social porque tienes resoluciones contradictorias”.
Arturo Juárez enfatizó: “Aclaramos, no queremos la construcción, no queremos ninguna negociación, no queremos trabajos de mitigación en la zona”. La comunidad teme por sus tradiciones, como el cierre de la avenida Cuauhtémoc para festividades con fuegos artificiales y música, y por la falta de agua que ya padecen. Gerardo Azuceno, concejal del Pueblo, declaró: “Nosotros de por sí estamos faltos de agua tremendamente, necesitamos a cada rato las pipas porque no hay agua. Nos va a causar una serie de problemas sociales”.
Impacto social y cultural
Los integrantes denuncian que no fueron consultados antes del inicio del proyecto, cuya ubicación, frente a la parroquia del pueblo, afectaría sus celebraciones. Juárez señaló que “nosotros cerramos avenida Cuauhtémoc para hacer nuestras festividades”, y temen que los futuros residentes se quejen de los actos tradicionales. La decisión judicial del martes definirá el rumbo del conflicto, mientras la comunidad mantiene su resistencia.
