Ciudad de México. Integrantes de organizaciones civiles se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir respeto a la división de poderes, al federalismo y a la soberanía legislativa de las entidades federativas. Los participantes advirtieron que la Suprema Corte se asume como el “supremo legislador” y consideraron dichas acciones como una “suprema injusticia” porque viola los derechos humanos, la separación de poderes y la soberanía de los estados, y resaltaron que la peor violación es a la ley suprema, que es la Constitución.
Advierten riesgo para congresos locales
Rosa Mary Morales, del Frente Nacional x la Familia, afirmó que la separación de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia mexicana y advirtió que la Suprema Corte está excediendo los límites de su función constitucional. “Están obligando a nuestros legisladores y legisladoras a violar el pacto federal y anular su función legislativa.” Agregó que están en riesgo los congresos locales, así como el federalismo mexicano, la división de poderes y el derecho de los ciudadanos a que sus representantes legislen libremente dentro de las facultades que la ley suprema les otorga.
Asimismo, recordaron que la Corte ha reconocido históricamente la libertad de las entidades federativas para crear sus propias leyes dentro de su jurisdicción, por lo que resulta contradictorio que ahora pretenda obligar a legisladoras y legisladores locales a modificar normas aprobadas democráticamente, y sentenció que sacrificar la vida de las niñas y niños con fines partidistas es abominable.
Rechazo a sentencias en siete estados
Los manifestantes expresaron su rechazo a las sentencias que la Suprema Corte busca imponer en Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Puebla, Jalisco, Querétaro y Yucatán, al considerar que responden a una visión ideológica que nunca fue sometida a deliberación democrática por parte de la ciudadanía. Lourdes Varela, de 40 Días por la Vida, señaló que estas acciones representan una invasión a competencias reservadas constitucionalmente a las entidades federativas.
Leticia Robles, de Actívate, sostuvo que actualmente se encuentra en juego mucho más que una discusión jurídica o una política pública específica. Los participantes advirtieron que los congresos de esos estados deliberaron y legislaron democráticamente dentro de sus atribuciones constitucionales, por lo que consideraron preocupante que dichas decisiones sean sustituidas por criterios construidos desde el activismo judicial.
Denuncian presiones contra legisladores locales
Durante el pronunciamiento también se denunció que legisladoras y legisladores locales enfrentan presiones para modificar normas aprobadas por los congresos estatales. Daniel Castañeda, de Pasos por la Vida, afirmó que la Corte está intentando redefinir desde los tribunales cuestiones que corresponden al debate legislativo y a la deliberación pública. “Cuando los jueces dejan de aplicar la ley y comienzan a crear nuevos derechos mediante interpretaciones ideológicas, el Estado de derecho comienza a debilitarse. Las reglas dejan de depender de la Constitución y de la voluntad democrática para depender de las convicciones personales de quienes integran el tribunal. La Corte está para interpretar, no para ordenar. La Corte no legisla.”
Los participantes insistieron en que lo que actualmente ocurre en diversas entidades representa una agresión contra el pacto federal y contra la autonomía de los estados, además de un intento por normalizar que decisiones de alcance nacional sean impuestas judicialmente en lugar de discutirse democráticamente.
Llamado a la SCJN a respetar la Constitución
Finalmente, hicieron un llamado a las ministras y ministros de la Suprema Corte para que actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución. “Defender el federalismo y la soberanía de los estados no es extremismo. Es defender el derecho del pueblo mexicano a decidir su futuro mediante la democracia y no mediante imposiciones ideológicas disfrazadas de interpretación constitucional. La democracia no se suplanta y la voz del pueblo no puede ser reemplazada por el activismo judicial.”
