En una decisión histórica, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que los delitos de homicidio y lesiones culposas relacionados con el incendio de la Guardería ABC no prescriben. Esta resolución permite que las investigaciones contra exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúen, sin que el paso del tiempo los proteja.
Contexto del caso
El trágico suceso ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, donde un incendio en la Guardería ABC cobró la vida de 49 menores y dejó a varios heridos. Durante años, los familiares de las víctimas han luchado por justicia, enfrentando obstáculos legales que permitían la prescripción de los delitos.
Discusión en la SCJN
Durante la sesión, las ministras María Elena Ríos González y Lenia Batres Guadarrama señalaron al "modelo neoliberal" como responsable de la tragedia, argumentando que la privatización de los servicios del IMSS contribuyó a las condiciones que permitieron el incendio. La ministra Batres Guadarrama también criticó que no se hubiera guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas, lo que llevó al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, a solicitar dicha ceremonia al finalizar la discusión.
Proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf
La resolución se basó en el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien argumentó que los delitos de homicidio y lesiones culposas cometidos contra menores son imprescriptibles cuando constituyen violaciones graves de derechos humanos. Esta postura fue adoptada por el Pleno, estableciendo un precedente importante en el sistema judicial mexicano.
Origen del amparo
El caso llegó a la Corte a través del amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. Salazar fue detenido en 2020 tras una denuncia presentada por el propio instituto durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. También fue detenida la entonces coordinadora nacional de Guarderías, ya que ambos no habían sido investigados previamente por el caso ABC.
Salazar impugnó su vinculación a proceso y se le impuso prisión preventiva justificada. Un tribunal colegiado turnó el asunto a la Corte para su resolución, que ahora ha determinado que la prescripción del delito no aplica en este caso debido a la vulnerabilidad de las víctimas.
Implicaciones de la resolución
Con este fallo, la Corte no ha determinado la culpabilidad de Salazar Salazar, sino que ha establecido que el Ministerio Público debe continuar con las investigaciones y, al finalizar, determinar las responsabilidades correspondientes. Esta decisión abre la puerta para que otros involucrados en el caso también puedan ser investigados sin la limitación de la prescripción.
La resolución de la SCJN representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de la Guardería ABC y sienta un precedente en la protección de los derechos humanos de los menores en México.
