La crisis generada por las irregularidades detectadas en el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podría escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió Luis Enrique Pereda, especialista en Derecho Constitucional e integrante del Consejo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA).
De acuerdo con Pereda, basta con que uno de los cerca de 200 mil aspirantes que presentaron el examen en 2026 considere vulneradas sus garantías individuales para que interponga un amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, lo que abriría la puerta a una revisión por parte del máximo tribunal del país.
“Es una posibilidad que hoy está lejana, pero sí, de entrada, tendría que ver un acto de autoridad, o una omisión de una autoridad, que viole los derechos humanos para que un amparo procediera”, explicó el constitucionalista en entrevista.
El amparo como vía legal
Pereda detalló que el amparo no se presenta directamente en la Corte, sino ante un Juzgado de Distrito. Si el juez determina que existen violaciones a derechos humanos, el caso podría llegar por vía de revisión a la SCJN. “Ahora es eventualmente”, aclaró.
Las posibles violaciones señaladas por los aspirantes pueden ser múltiples: desde el derecho a la educación hasta el debido proceso, sobre todo si se presenta una denuncia penal por la filtración de respuestas o la alteración de resultados. “Puede haber violaciones a derechos humanos, no sólo al de educación, que es el más evidente; sino también, por ejemplo, a que nadie puede ser molestado en su persona sin un mandamiento por escrito de autoridad”, afirmó Pereda.
Impacto en los aspirantes
De acuerdo con datos de la UNAM, el concurso de selección para el ciclo escolar 2026-2027 recibió más de 200 mil solicitudes, de las que aproximadamente 130 mil fueron para nivel licenciatura. Las irregularidades detectadas incluyen la filtración de reactivos y la posible manipulación de calificaciones, lo que llevó a la universidad a suspender temporalmente los resultados y crear una comisión especial para revisar el proceso.
“Si tú pasaste y te dicen que no, que no pasaste y tú no hiciste trampa, pues ahí están violando tus derechos humanos”, subrayó el especialista, quien consideró que el debido proceso es un derecho igualmente relevante. “No sólo es el tema del derecho a la educación, también es el derecho al debido proceso”.
Medidas de la UNAM
Pereda calificó como “mínimas indispensables” las acciones tomadas por la Máxima Casa de Estudios: “Número uno: no ocultarlo, no negarlo; dos, la suspensión, para no avanzar más en algo que podría ser irreparable; y tres: la Comisión que se instauró para revisar el proceso”.
La Comisión está integrada por expertos en tecnología y procesos de selección, lo que para Pereda es una señal positiva. “Cuando lees el perfil de las personas integrantes te das cuenta que son personas que tienen experiencia, que le entienden a la tecnología, a los procesos de selección”, dijo.
Además, sugirió que la UNAM podría aprender de otras instituciones, como la Escuela Nacional de Formación Judicial, que ya aplica exámenes completamente en línea para la selección de jueces y magistrados en todo el país.
Escenario judicial
Los amparos, de presentarse, serían individuales y podrían solicitar la suspensión del acto reclamado. Tras un proceso que puede durar meses, el caso podría resolverse en primera instancia o llegar a la SCJN si existe contradicción de criterios o si la Corte decide ejercer su facultad de atracción.
Pereda insistió en que la vía judicial no es inmediata, pero sí una posibilidad real si los aspirantes afectados deciden actuar. La crisis, que comenzó con denuncias en redes sociales y protestas en la Ciudad Universitaria (CU), ha puesto en jaque la credibilidad del proceso de ingreso a la máxima casa de estudios del país.
