La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., presentó este 6 de agosto de 2026 querellas formales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra de diversos servidores públicos del Gobierno de la capital. Las acciones legales se centran en presuntas irregularidades administrativas y penales derivadas de la gestión del "Refugio Franciscano", un caso que ha generado preocupación por el bienestar animal y la transparencia institucional.
Afectados y tipos de delito señalados
Las denuncias apuntan específicamente a la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Mónica Vietnika Alegre González; al subprocurador de Protección y Bienestar a los Animales, Francisco Javier García Ramírez; así como a los integrantes del Comité de Transparencia de dicha dependencia. La organización acusa a estos funcionarios de posibles afectaciones a la Hacienda Pública, abuso de funciones, encubrimiento y omisiones graves vinculadas al manejo de las instalaciones donde residen cientos de animales.
Los recursos fueron radicados no solo ante la Fiscalía, sino también ante la Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad de México. La acusación sostiene que las autoridades han incurrido en omisiones y en lo que describen como probables actos de crueldad animal tras el operativo de rescate llevado a cabo el pasado 7 de enero de 2026 en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
Acusaciones sobre paralización administrativa y falta de atención médica
En el documento legal presentado, la fundación detalla que la PAOT habría congelado denuncias relacionadas con el encierro indebido y la falta de atención médica para cientos de ejemplares bajo su custodia. Asimismo, se señala la ignorancia oficial respecto a la contaminación registrada en la Barranca Echánove y el uso indebido del suelo del albergue, el cual carecería de la autorización correspondiente.
El recurso expone textualmente que "los servidores públicos encargados de las funciones de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de manera dolosa, han paralizado procedimientos administrativos, negándose a ejercer sus facultades de inspección, vigilancia y ejecución de actos de autoridad". Esta afirmación atribuye una intención deliberada a la inacción de los funcionarios denunciados.
Transparencia y solicitud de judicialización
Adicionalmente, la organización acusa al Comité de Transparencia de la PAOT de emitir acuerdos de reserva total para ocultar los actuados relacionados con lo que la fundación considera el peor evento de maltrato animal registrado en la Ciudad de México. Ante esta situación, la entidad civil exigió al Ministerio Público la pronta integración de la carpeta de investigación y la posterior judicialización del caso ante un Juez de Control, buscando que las acciones sean revisadas por la vía penal correspondiente.
