Erika Torbellín, madre del joven Erick Terán Torbellín, ha presentado denuncias formales respecto a lo que califica como un intento de encubrimiento en las circunstancias de la muerte de su hijo. El caso se originó en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, ubicada en el estado de Morelos, donde Erick falleció el 23 de abril de 2025. A más de un año de los hechos, la familia señala que la investigación permanece estancada y que las autoridades han buscado minimizar la gravedad del incidente.
Contradicciones en la versión oficial de la muerte
Torbellín reveló que durante el proceso se le proporcionó información falsa sobre el estado de salud de su hijo. Según la denuncia, cuando fue notificada inicialmente, se le indicó que Erick presentaba únicamente "signos vitales desnivelados", una descripción que contrasta con el resultado fatal posterior. La madre de familia cuestiona activamente si la ambulancia que transportó al menor recibió un cuerpo sin vida o si Erick conservaba algún indicio de vitalidad al momento del traslado, planteando dudas fundamentales sobre la cadena de custodia y la atención médica inmediata.
La familia mantiene que no se ha establecido con claridad si el menor sufrió tortura o maltratos físicos dentro del campamento de la escuela militar, aunque la denuncia pública vincula directamente la muerte con las prácticas coercitivas en dicho centro educativo. Hasta la fecha, no se ha hecho pública una conclusión oficial que desmiente o confirme estos puntos específicos ante la opinión pública.
Vinculación con otros casos y crítica al anuncio gubernamental
El caso de Erick Terán se ha entrelazado en el debate público con la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrida en julio de 2026 en otra academia militarizada. Erika Torbellín señaló que la visibilidad mediática generada por el caso de Dafne reactivó la atención sobre su propia situación, evidenciando patrones recurrentes en este tipo de instituciones. La madre denunció específicamente lo que considera un "carpetazo" administrativo, alegando que se intenta archivar el expediente sin resolver las causas profundas de la tragedia.
Además, Torbellín criticó la cronología de las respuestas institucionales. Señaló que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció el cierre definitivo de las escuelas militarizadas a raíz del escándalo de Dafne Zapata. Sin embargo, la familia argumenta que esta promesa de clausura ya había sido formulada desde el año anterior, sugiriendo que la medida correctiva fue tardía y reactiva en lugar de preventiva. Esta postura se alinea con críticas previas hacia figuras políticas como Andrés Manuel López Obrador, quien dejó un decreto claro sobre la prohibición de las novatadas, medida que la familia considera insuficiente dado el tiempo transcurrido sin aplicación efectiva.
Objetivo de la lucha familiar
Erick Terán Torbellín era originario de la Ciudad de México (CDMX) y contaba con 13 años de edad al momento de su fallecimiento. Su madre ha declarado que el propósito central de su acción legal y pública es garantizar que ningún otro niño sufra el mismo destino. La denuncia busca no solo justicia para Erick, sino también la transformación estructural de las normas que permiten la existencia de estas academias bajo condiciones de opacidad.
La situación continúa en espera de resoluciones judiciales y administrativas. Mientras tanto, la familia insiste en que la verdad sobre los eventos del 23 de abril de 2025 debe ser esclarecida completamente, exigiendo transparencia en los registros médicos y policiales involucrados en el transporte y el diagnóstico inicial del menor.
