El Congreso de la Ciudad de México se pronunció por endurecer las acciones institucionales contra las redes de despojo que operan en la capital, ante la creciente incidencia de este delito. Legisladores de distintos partidos coincidieron en la urgencia de revisar el marco legal para dotar de mayores herramientas a las autoridades encargadas de investigar y sancionar estas prácticas.
Más de 25 mil casos y menos del 2% de resoluciones
Lizzette Salgado Viramontes, diputada del PAN, advirtió que, pese a las reformas aprobadas en noviembre de 2025 y a la instalación de un gabinete especializado por parte del Gobierno capitalino, los resultados siguen siendo limitados. “De 2020 a la fecha se han registrado más de 25 mil casos, de los cuales menos del dos por ciento han obtenido una resolución judicial”, señaló. Salgado consideró que la cifra refleja una falla del Estado en una de sus responsabilidades fundamentales: “garantizar certeza jurídica y protección sobre el patrimonio de los ciudadanos”.
Ante ello, hizo un llamado a las autoridades de seguridad, gobierno y procuración de justicia para actuar con mayor contundencia contra este delito, proteger de manera efectiva a las víctimas e investigar a quienes facilitan estas prácticas, particularmente cuando se trata de servidores públicos o fedatarios involucrados en esquemas irregulares.
Morena respalda política de cero impunidad
Por Morena, el diputado Paulo García respaldó la necesidad de reforzar las acciones contra el despojo y enfatizó que las denuncias deben traducirse en resultados concretos. Asimismo, pidió aplicar una política de “cero impunidad” contra funcionarios públicos, notarios o cualquier actor que participe o colabore con las denominadas redes del despojo.
Según datos recientes, en la Ciudad de México se han presentado más de 4.000 denuncias formales por despojo, aunque especialistas alertan que la cifra real podría ser mayor debido a la subdenuncia. Los expertos señalan una creciente sofisticación del delito y recomiendan a los ciudadanos resguardar documentos oficiales como escrituras y títulos de propiedad.
Alcaldías, primer nivel de atención
Los legisladores de Acción Nacional, Mario Enrique Sánchez, y la morenista Xóchitl Bravo, líder de su bancada, coincidieron en la necesidad de incorporar a las alcaldías en una estrategia coordinada con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad y revisar a fondo el marco normativo vigente. “Le tenemos que entrar todos”, sostuvo Sánchez Flores, al proponer que las comisiones legislativas de Seguridad y de Administración y Procuración de Justicia analicen posibles reformas para fortalecer las facultades de instituciones como la Fiscalía General de Justicia capitalina. “Las herramientas que hoy tienen ya vemos que no están funcionando”, afirmó.
Por su parte, Xóchitl Bravo llamó a que las alcaldías se conviertan en el primer nivel de atención para quienes denuncian este tipo de casos, al considerar necesario fortalecer la coordinación entre autoridades y representantes populares. “Hoy se tiene verificado que Benito Juárez y Cuauhtémoc concentran este tipo de delitos, lo que no quiere decir que no ocurra en otras demarcaciones”, afirmó. Asimismo, propuso que los 66 módulos de atención legislativa funcionen también como puntos de recepción y acompañamiento para personas afectadas por despojos.
Urgen reformas para frenar el despojo
El debate en el Congreso capitalino refleja la preocupación por un delito que afecta el patrimonio de miles de familias. Las bancadas de PAN y Morena se comprometieron a dar seguimiento a las propuestas y a trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad para lograr resultados tangibles. Mientras tanto, las víctimas esperan que las promesas de “cero impunidad” se traduzcan en acciones concretas contra las redes de despojo que operan en la capital.
