La fiscalía federal en Brooklyn ha solicitado que, en el caso contra Rafael Caro Quintero, se utilicen documentos sellados y un jurado anónimo que delibere a puerta cerrada, alegando razones de seguridad nacional y posibles represalias. La petición será evaluada en una audiencia este miércoles.
Argumentos de la fiscalía
Según la solicitud presentada ante la corte, “dada la naturaleza de alto perfil de Caro Quintero y sus extensos vínculos con una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, los miembros del jurado podrían no querer o poder dar veredictos imparciales si sus identidades son públicamente conocidas”. La fiscalía enfatiza la necesidad de proteger tanto a los jurados como la información sensible relacionada con la seguridad nacional.
Respuesta del tribunal
El magistrado Frederick Block, del tribunal federal, aún no ha respondido a la solicitud, pero se espera que convoque a las partes este mismo miércoles para discutir el asunto. La fiscalía solicitó la audiencia de manera urgente, considerando que en el juicio al llamado “narco de narcos” podría surgir información clasificada.
Implicaciones del proceso
De aceptarse la petición, el juicio podría desarrollarse con normalidad, pero los documentos solo aparecerían en el registro con clasificaciones generales, sin detalles específicos, y con la fecha de entrega, fuera del acceso público. El jurado, por su parte, operaría de manera similar a un gran jurado, a puerta cerrada y sin que se revelen las identidades de sus integrantes.
Contexto del caso
Rafael Caro Quintero está acusado de participar en el homicidio por torturas del agente antidrogas Enrique “Kiki” Camarena en 1985, en Jalisco. El Gobierno de México entregó a Caro Quintero a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otros 28 excabecillas narcotraficantes. La audiencia calendarizada para Caro Quintero está programada para el 8 de marzo de 2027, dentro de nueve meses.
