Burgos, 2 jun (EFE).- Las exmonjas de Belorado han recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao, que dio por concluida la fase de instrucción e inició el procedimiento para la apertura de juicio oral por delitos de trato degradante, abandono y administración desleal contra cinco monjas ancianas. En su recurso, solicitan el sobreseimiento libre o, en su defecto, una mayor concreción de los hechos imputados.
Recurso de apelación presentado
La abogada de las exmonjas, Norma Riaño, explicó a EFE que este lunes presentaron el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Bizkaia contra el auto del juzgado bilbaíno que transformó el procedimiento en abreviado. Riaño insistió en que aún no se ha decretado la apertura de juicio oral. Recordó que el Ministerio Fiscal y la acusación disponen de diez días, tras la notificación del auto (el 22 de mayo), para presentar sus escritos de acusación y solicitar formalmente la apertura del juicio. Será en ese momento, con un nuevo auto, cuando se abra el juicio oral con los delitos y penas ya concretados.
Confianza en la suspensión del proceso
Riaño confía en que el recurso de apelación suspenda el procedimiento hasta su resolución y ha solicitado el sobreseimiento libre para las siete exmonjas encausadas, excepto Zaida Pinar (sor Myriam), quien abandonó la comunidad en enero y para quien la jueza no aprecia participación acreditada. Las exmonjas residen entre La Puebla de Montalbán (Toledo) y el monasterio de Orduña (Bizkaia) desde que fueron desahuciadas del convento de Belorado (Burgos) el 12 de marzo.
Delitos imputados
Se enfrentan a delitos de trato degradante, abandono, omisión del deber de socorro, coacciones, administración desleal y apropiación indebida. La abogada considera que son demasiados delitos y que los mismos hechos no deberían dar lugar a tantas acusaciones. Puso como ejemplo la incompatibilidad entre la acusación de trato degradante y omisión del deber de socorro, por lo que solicitó que se aplique la teoría del concurso de delitos.
Defensa de las exmonjas
Riaño insistió en que el auto del juzgado no tuvo en cuenta las declaraciones de las exreligiosas, recogidas en el recurso, ni las actas notariales de las pruebas aportadas, como mensajes de teléfono que demostrarían su inocencia. Las exmonjas defienden que siempre trataron bien a las cinco religiosas ancianas, de entre 87 y 101 años, quienes fueron sacadas por la Guardia Civil el 18 de diciembre del monasterio de Orduña, al que habían sido trasladadas desde Belorado en julio, días antes de la sentencia de desahucio.
Conformidad con la exclusión de homicidio
La abogada mostró conformidad con la decisión de la jueza de no incoar diligencias por un delito de homicidio por imprudencia en relación con el fallecimiento de una de las monjas mayores tras su salida de Orduña, al no encontrar nexo causal entre la muerte y la atención recibida.
Condiciones en el monasterio
El auto del Juzgado de Instrucción 5 de Bilbao recoge que las cinco monjas mayores no estaban siendo tratadas adecuadamente, describiendo falta de condiciones higiénico-sanitarias, ausencia de atención médica y control de medicación, suciedad acumulada y presencia de animales sueltos, además de situaciones de control y manipulación psicológica. Asimismo, se acusa a las siete exreligiosas de administración desleal y apropiación indebida de sus pensiones, que habrían utilizado para sostener negocios como un restaurante en Arriondas o un criadero de perros, y de pretender servirse de las mayores como personas vulnerables para frenar el desalojo del monasterio de Burgos.
Reapertura de diligencias en Burgos
Por otro lado, la Audiencia Provincial de Burgos ratificó la decisión del Tribunal de Instancia de Briviesca de reabrir las diligencias para investigar un delito de estafa cometido supuestamente por la exabadesa con el arrendamiento de la hospedería del convento de Derio (Bizkaia) cuando ya se había producido el cisma. El tribunal burgalés acordó inhibirse a favor de los juzgados de Bilbao para que practiquen las diligencias oportunas dentro de la investigación del arriendo, que supuso ingresos de 4.488 euros. Esto ocurrió después de que la propia Audiencia de Burgos considerara prematuro el archivo de la denuncia interpuesta por el arzobispo de Burgos y estableciera la necesidad de reabrir la causa.
