Madrid, 2 jun (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma que deroga la Ley 2/2018 de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares.
Así lo ha avanzado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Islas Baleares se aprobó el 13 de abril de 2018 por el Parlamento balear, durante el Govern de Francina Armengol (PSIB) y, posteriormente, fue derogada en el Parlamento de Baleares a propuesta de Vox, con el apoyo del Partido Popular.
Decisión del Consejo de Ministros
Ahora el Consejo de Ministros ha decidido recurrir esa derogación en base al artículo 161.2 de la Constitución, al constatar "la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la comunidad autónoma", según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El Gobierno considera necesario recurrir la norma, que cuenta con el "dictamen favorable" del Consejo de Estado, "lo antes posible" a fin de "evitar la vulneración de los derechos de las víctimas".
Argumentos del Gobierno
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática sostiene, en un comunicado, que la norma "vulnera el deber de colaboración" que establece la Constitución. La ley que se impugna se suma a otras leyes autonómicas sobre el mismo asunto, como las aprobadas en Aragón, Cantabria o la Comunidad Valenciana, impugnadas ya ante el TC y otras actualmente en negociación, como es el caso de Extremadura.
Esta acción del Ejecutivo central busca proteger los derechos de las víctimas y garantizar el cumplimiento de la normativa constitucional en materia de memoria democrática. La decisión se produce tras constatar la falta de acuerdo con el Govern balear, lo que ha motivado la vía judicial.
La derogación de la ley balear había sido criticada por diversas asociaciones de memoria histórica y partidos de la oposición, que consideran que supone un retroceso en el reconocimiento de las víctimas del franquismo. Con este recurso, el Gobierno pretende que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la derogación.
