El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, emitió un diagnóstico severo sobre el funcionamiento actual del máximo tribunal mexicano. Durante su participación en el programa Aristegui en Vivo, integrando al Observatorio de la Justicia, Laynez afirmó sentir "preocupación" e "impotencia" ante las consecuencias inmediatas de la reforma judicial. Señaló que la nueva estructura ha derivado en una reducción significativa de la capacidad de resolución de asuntos, la desaparición de salas especializadas y un debilitamiento crítico de los mecanismos constitucionales de control.
Reducción drástica en la producción judicial
Laynez Potisek desmintió la narrativa oficial de que la nueva integración de la Corte resuelve más asuntos que bajo el régimen anterior. Explicó que, históricamente, la existencia de dos salas permitía distribuir la carga laboral; cada sala podía resolver aproximadamente 60 asuntos en una sola sesión. Aclaró que esta cifra no implicaba el análisis individual de 60 casos de alta complejidad, sino que incluía trámites sencillos previamente estudiados por secretarios de estudio y cuenta.
Tras la eliminación de las salas, todos los temas deben ser atendidos por el pleno. Según estimaciones del exministro, la producción actual se limita a un promedio máximo de cinco asuntos por sesión. Esta merma en la eficiencia operativa contrasta con la expectativa inicial de la reforma, que partía de la premisa de dotar al Poder Judicial de mayor legitimidad democrática mediante la elección popular de sus integrantes. Sin embargo, Laynez señaló que el proceso electoral realizado generó una legitimidad muy baja debido al uso de "acordeones", mecanismo que permeó distintos niveles de la selección y cuestionó la autoridad moral de la nueva corte.
Pérdida de especialización y dinámica de debate
La desaparición de las salas también eliminó la especialización técnica que caracterizaba al antiguo tribunal. Anteriormente, la Primera Sala se enfocaba en materia penal y civil, mientras que la Segunda Sala atendía lo laboral, administrativo y agrario. Esto permitía contar con equipos de secretarios expertos en esas áreas específicas. Ahora, la falta de esta división obliga a todos los ministros a intervenir en la totalidad de los asuntos, independientemente de su expertise.
Además, Laynez destacó que la naturaleza pública y televisada de las sesiones del pleno ha modificado sustancialmente la dinámica interna. Bajo el modelo de salas, los debates eran más directos, técnicos y sin protocolos estrictos, lo que facilitaba la confrontación inmediata de argumentos y jurisprudencia entre colegas. En contraste, las sesiones actuales exigen turnos formales y respetan protocolos que alargan el tiempo de intervención, limitando el intercambio ágil de ideas. El exministro recordó que durante su gestión prefería exponer sus argumentos sin leer documentos íntegramente para agilizar el proceso, práctica que ahora resulta más dificultosa por la formalidad impuesta.
Debilitamiento del control constitucional y la transparencia
Uno de los aspectos más críticos señalados por Laynez es la erosión de los frenos y contrapesos constitucionales. Destacó que la sobrerrepresentación legislativa actual impide que las minorías alcancen el tercio necesario de integrantes de los congresos para promover acciones de inconstitucionalidad. Esta vía, que antes permitía a la oposición solicitar a la Corte revisar decisiones de las mayorías parlamentarias, ha quedado prácticamente inoperativa.
También observó una disminución en la activismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como promotora de acciones de relevancia nacional. Mientras que desde 1994 la CNDH presentaba demandas sobre derechos humanos incluso cuando resultaban incómodas para los gobiernos en turno, Laynez argumentó que la titular actual, Rosario Piedra Ibarra, ha mantenido una función menos intensa en este ámbito. En lugar de acudir a la Corte ante temas sensibles como la militarización de la seguridad pública, el organismo ha emitido pronunciamientos de respaldo. El exministro distinguió estas acciones de otras promovidas recientemente por la CNDH, las cuales considera de menor trascendencia, como impugnaciones contra leyes orgánicas, multas fijas o cobros por copias fotostáticas.
Laynez equiparó la gravedad de la reforma judicial con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Recordó que la autonomía constitucional del INAI, lograda tras catorce años de evolución desde su creación durante el sexenio de Vicente Fox, fue fundamental para garantizar el acceso a la información frente a todos los poderes del Estado. Consideró que la eliminación de este órgano representa un retroceso grave, ya que la posibilidad de que ciudadanos y periodistas soliciten expedientes obligaba a los funcionarios a actuar con mayor rigor y justificar mediante prueba de daño cualquier reserva de información.
En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, el jurista expresó preocupación por el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señaló que, lejos de atender el fallo internacional, se agregaron delitos fiscales al catálogo que amerita esta medida cautelar, cuestionando la posición del Estado mexicano frente al derecho internacional. Finalmente, advirtió que la nueva SCJN será "irrelevante en muchos aspectos" debido a la combinación de estos factores estructurales y políticos que han mermado su impacto real en el sistema jurídico mexicano.
