Ericka Torbellín, madre de Erick Terán Torbellín, ha denunciado formalmente lo que describe como un intento de encubrimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno federal, un año después del fallecimiento de su hijo. La mujer afirmó que la dependencia educativa le prometió el cierre definitivo de las instituciones de educación militarizada a partir de 2025, medida que no se materializó de manera generalizada tras la tragedia.
Promesas incumplidas y cierre selectivo
Según detalló Torbellín en declaraciones a Grupo Fórmula, la muerte de su hijo ocurrió el 23 de abril de 2025, cuando Erick asistía a un campamento en la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc, ubicada en el estado de Morelos. Aunque la institución perdió sus registros ante la SEP y hubo un cierre específico del INVEA debido a problemas de protección civil, la madre señaló que esto no constituyó un cierre real de las escuelas militarizadas como sistema educativo.
Torbellín expresó su incredulidad ante las declaraciones recientes del titular de la SEP, Mario Delgado, quien afirmó que a partir del caso de Dafne Zapata se procedería al cierre de estas instituciones. "Se me hace raro que Mario Delgado diga que a partir del caso de Dafne se van a cerrar las instituciones militarizadas como si no tuviera conocimiento previo de lo que había pasado", declaró la madre. Añadió que, en realidad, "hace más de un año" ya le habían prometido que dichas instituciones serían clausuradas, haciendo referencia al momento posterior al deceso de su hijo.
Denuncia de irregularidades y posible carpetazo
La familia de Erick Terán también puso sobre la mesa graves irregularidades en el manejo del caso. Torbellín reveló que recibió información falsa indicando que su hijo estaba siendo atendido en un hospital, cuando en realidad ya había fallecido. Esta discrepancia en los hechos es parte de su denuncia sobre un presunto intento de dar "carpetazo" al asunto, minimizando la responsabilidad institucional en la muerte del estudiante.
El objetivo central de la lucha emprendida por Ericka Torbellín es evitar futuras muertes de estudiantes en este tipo de academias y poner fin a todo tipo de abusos dentro de estas instituciones. Al visibilizar nuevamente el tema, busca que las autoridades reconozcan la gravedad de la situación y actúen con transparencia, en lugar de gestionar la crisis de forma reactiva y fragmentada.
Alianza con otras familias afectadas
En su recorrido para buscar justicia, Torbellín estableció contacto con Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, menor que también falleció en una academia militarizada en Tamaulipas. Ambas mujeres coincidieron en que las muertes de sus hijos eran eventos prevenibles si se hubiera actuado con anterioridad sobre los riesgos inherentes a estos planteles educativos.La conversación entre ambas madres reforzó la convicción de que la respuesta gubernamental debe ser integral. Mientras el gobierno abre la puerta a regularizar algunas escuelas militarizadas para evitar su cierre total, y estados como Aguascalientes buscan mantener los bachilleratos bajo esta modalidad, la postura de las familias afectadas se mantiene firme en exigir el cierre definitivo de este esquema educativo para garantizar la seguridad de los menores.
