La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, ejecutó un cateo en un bar ubicado sobre la carretera federal en Playa del Carmen, logrando el rescate de 11 mujeres que eran víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. La acción, autorizada por un juez de Control, derivó en la detención de la encargada del establecimiento, identificada como Yolanda Fiordalise “N”.
Rescate de víctimas y modus operandi
Nueve de las mujeres rescatadas son de nacionalidad mexicana, una es cubana y otra colombiana. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las víctimas eran obligadas a laborar como meseras y a “fichar copas” con los clientes, pero el verdadero objetivo era ofrecer servicios sexuales a cambio de un pago de 4 mil pesos. Además, los clientes debían pagar mil pesos adicionales por el uso de una habitación. Del total cobrado, el establecimiento retenía el 50 por ciento, mientras que las mujeres recibían únicamente la mitad restante, en un esquema claro de explotación.
El dinero era depositado directamente en la caja del bar, y las mujeres no tenían control sobre las ganancias. Según las autoridades, en caso de que alguna de ellas no cumpliera con las metas de venta o se negara a los servicios sexuales, el hijo del propietario del bar las agredía físicamente, generando un ambiente de coerción y miedo.
Evidencias y decomisos durante el cateo
Durante la diligencia, los agentes aseguraron diversos objetos que integran la carpeta de investigación. Entre ellos se encuentran preservativos, libretas con anotaciones de cobros, terminales electrónicas para procesar pagos, un DVR (grabador de video digital) y posibles narcóticos. En el lugar fueron halladas una sustancia granulada de color blanco, una sustancia cristalina y otra de color rosado, que serán analizadas por peritos. Asimismo, en poder de Yolanda Fiordalise “N” se localizaron bolsas con hierba seca y verde con características similares a la marihuana, así como fragmentos granulados adicionales.
La encargada fue puesta a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. El establecimiento fue asegurado con sellos oficiales y quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente.
Procedimiento legal y protección a las víctimas
Las 11 mujeres rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para rendir su declaración ministerial. Las autoridades garantizaron la asistencia de intérpretes para las mujeres extranjeras (cubana y colombiana) y se les ofreció apoyo psicológico y jurídico. En el plazo legal establecido, un juez de Control determinará la situación jurídica de Yolanda Fiordalise “N”, quien permanece a disposición del Ministerio Público.
La Fiscalía de Quintana Roo destacó que este tipo de operativos son parte de una estrategia continua para combatir la trata de personas en la región, especialmente en zonas turísticas como Playa del Carmen, donde la demanda de servicios sexuales suele ser alta. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier indicio de explotación a través de los números de emergencia.
Contexto y prevención
La trata de personas es un delito que afecta principalmente a mujeres jóvenes, muchas de ellas engañadas con promesas de trabajo digno. En este caso, las víctimas eran obligadas a trabajar en condiciones de servidumbre, con horarios excesivos y sin libertad para abandonar el lugar. La participación de la Marina y la Guardia Nacional en el operativo subraya la coordinación interinstitucional necesaria para enfrentar estas redes criminales. Las autoridades no descartan que existan más víctimas o que el bar formara parte de una red más amplia de explotación sexual en la Riviera Maya.
El caso ha generado indignación en la sociedad quintanarroense, que exige justicia y protección efectiva para las víctimas. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia, mientras que el establecimiento permanecerá clausurado hasta que se resuelva su situación legal.
