El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, interpuso un nuevo juicio de amparo en el que acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de haber cometido 17 presuntas irregularidades durante su detención, traslado y posterior reclusión en el penal del Altiplano.
Detalles de la detención y reclusión
Ruffo Appel, militante del Partido Acción Nacional (PAN), se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México, desde el pasado domingo 19 de julio de 2026. Su captura ocurrió el jueves 16 de julio en Ensenada, Baja California, por elementos federales de la FGR.
La detención se deriva de una investigación por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, vinculados con el ingreso irregular de combustibles al país, una práctica que el gobierno federal denomina "huachicol fiscal".
Las 17 irregularidades señaladas por la defensa
A través de sus abogados, el exmandatario impugnó la emisión y ejecución de la orden de aprehensión, detallando múltiples violaciones a sus derechos durante el proceso. Entre los principales actos reclamados ante el juez de amparo destacan:
- Incomunicación: Tras su captura, se le habría impedido contactar a su familia y abogados, y se le negó una conversación privada con su defensa.
- Negligencia médica: La FGR presuntamente se negó a recibir y suministrarle sus medicamentos, interrumpiendo su tratamiento. Tampoco se le realizó una valoración médica que certificara su estado de salud para el traslado desde Baja California hasta el Estado de México.
- Traslado forzoso: Se reclama la instrucción de sacarlo de Ensenada por vía terrestre o aérea hacia otra entidad sin el debido proceso legal.
- Ocultamiento de información: Se señala la ausencia o irregularidad de sus datos en el Registro Nacional de Detenciones (RND).
Próximos pasos en el proceso legal
Con este recurso, Ruffo Appel busca la protección de la justicia federal contra cualquier acción gubernamental que obstaculice la ratificación de su demanda, impida conocer su localización exacta o reduzca la eficacia de una suspensión provisional.
Cabe destacar que los actos mencionados forman parte de los argumentos de la defensa y serán analizados por un juzgado de amparo. Su sola inclusión en la demanda no acredita la responsabilidad de la FGR; será el juez quien determine la legalidad o ilegalidad del actuar de las autoridades.
