La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la sentencia que inhabilita por 10 años a Raymundo Collins Flores, exdirector del Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad de México, para ocupar cualquier cargo público, además de imponerle una multa de 42 millones de pesos por el delito de abuso de funciones. La decisión fue tomada por unanimidad de ocho votos en la sesión de este miércoles, luego de que el ministro Irving Espinosa Betanzo se excusara por haber participado previamente en el caso como magistrado.
Amparo rechazado por el Máximo Tribunal
Collins Flores, quien actualmente se encuentra prófugo en Estados Unidos, promovió un amparo contra la inhabilitación y la multa argumentando que el artículo 57, inciso B, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México no define con claridad conceptos como “perjuicio al servicio público” o “beneficio”, lo que a su juicio permite sanciones ambiguas. Sin embargo, el proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, correspondiente al Amparo Directo en Revisión 2755/2024, propuso negar la protección federal y declarar la constitucionalidad de dicha norma. La propuesta fue respaldada por el pleno de la Corte.
Antecedentes del caso
La sanción original fue impuesta por la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que determinó que Collins Flores incurrió en abuso de funciones al conceder beneficios fiscales indebidos durante su gestión al frente del INVI. El exfuncionario también se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de la capital.
Órdenes de aprehensión pendientes
Además de esta sanción administrativa, Collins Flores enfrenta órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su presunta participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público. Hasta el momento, no se ha concretado su detención debido a que se encuentra en territorio estadounidense.
La resolución de la SCJN reafirma la validez de la ley local en materia de responsabilidades administrativas y envía un mensaje claro sobre la rendición de cuentas de los servidores públicos, incluso cuando estos intentan evadir la justicia en el extranjero.
