Un tribunal judicial en el estado de Colima dictó una sentencia condenatoria de seis años de prisión contra Carlos Antonio “N”, quien fungía como el presidente municipal electo de Coquimatlán. La resolución penal se basa en la responsabilidad acreditada por el delito de abuso sexual cometido en agravio de un adolescente de 13 años.
Detalles de la resolución judicial
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima confirmó que la pena fue emitida tras un proceso legal iniciado por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos por Razones de Género y Trata de Personas. Según informó la dependencia, el Ministerio Público presentó durante el juicio diversas pruebas que convinieron al órgano jurisdiccional para acreditar la culpabilidad del acusado.
La carpeta de investigación detalla que los hechos delictivos ocurrieron el 1 de enero de 2024 en un domicilio ubicado dentro del municipio de Coquimatlán. En ese lugar, el entonces imputado realizó actos de naturaleza sexual contra la víctima menor de edad. La investigación formal se activó tras la denuncia interpuesta por la representante legal del menor afectado.
Cronología de la detención y captura
Tras integrar la carpeta de investigación, las autoridades solicitaron y obtuvieron una orden de aprehensión. Carlos Antonio “N” fue detenido la madrugada del 2 de septiembre de 2024, ejecutada por agentes de la FGE en cumplimiento de dicha medida cautelar. Esta captura tuvo lugar aproximadamente tres meses después de que el individuo resultara ganador en las elecciones para la presidencia municipal de Coquimatlán, siendo postulado por la coalición conformada por el PAN y el PRI.
El arresto se produjo poco más de un mes antes de la fecha programada para que el condenado asumiera oficialmente el cargo ejecutivo municipal. Hasta el momento de su captura, no había tomado posesión de la alcaldía.
Sanciones adicionales y reparación del daño
Además de la pena privativa de libertad de seis años, la resolución judicial establece otras consecuencias legales para el condenado. Entre estas medidas se contempla el pago de una multa económica y la obligación de realizar la reparación integral del daño a favor de la víctima. Estos componentes buscan compensar los perjuicios causados y aplicar sanciones accesorias previstas en la legislación vigente.
El caso ha sido clasificado bajo temas de abuso sexual y maltrato infantil, destacando la intervención especializada de la fiscalía encargada de delitos por razones de género. La sentencia cierra la etapa de juicio oral y resolución final en esta instancia judicial, estableciendo el precedente penal correspondiente para este tipo de infracciones en la entidad.
