El Poder Judicial de la Federación ha reconocido oficialmente que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incurrido en incumplimiento respecto a sus obligaciones legales derivadas del Acuerdo Presidencial de 2019. Este acuerdo mandateaba la entrega y transparencia de los archivos relacionados con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período conocido como la "Guerra Sucia", entre 1965 y 1990. La resolución busca abrir paso a una Comisión imparcial diseñada para garantizar la debida transferencia de esta documentación histórica.
Fallo del Tribunal Colegiado
En sesión celebrada el pasado 6 de agosto, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 43/2025, un caso centralizado en los archivos de la llamada "Guerra Sucia" que permanecen bajo resguardo militar y en secreto. Por mayoría de dos votos, las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín concedieron el amparo solicitado por Alicia de los Ríos Merino. La demandante busca localizar a su madre, quien lleva el mismo nombre y se encuentra desaparecida desde 1978.
La decisión judicial responde a años de resistencia institucional. En febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la instrucción presidencial que obligaba a transferir al Archivo General de la Nación (AGN) los fondos históricos vinculados a persecuciones políticas y violaciones masivas contra movimientos sociales de décadas pasadas. Esta directriz aplicaba a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, incluyendo explícitamente a la Sedena. Sin embargo, hasta la fecha, la institución castrense no ha realizado la transferencia íntegra de la documentación correspondiente a esa época.
Obstáculos documentados por el Mecanismo para la Verdad
La relevancia crítica de estos documentos fue evidenciada durante los trabajos del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH). Dicho organismo logró acceso a archivos históricos de la Sedena y descubrió registros previamente desconocidos, esenciales para esclarecer violaciones a los derechos humanos y establecer líneas de búsqueda para personas desaparecidas. No obstante, posteriormente el Ejército obstaculizó la consulta, alteró y ocultó cajas de documentación ya identificadas, y finalmente negó el acceso a información relevante.
Todas estas irregularidades fueron sistematizadas y documentadas por el MEH en su informe publicado en octubre de 2023, titulado "Las formas del silencio". Ante este contexto de opacidad y retención ilegal, en noviembre de 2023 Alicia de los Ríos Merino, acompañada por ARTICLE 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), promovió un juicio de amparo. El objetivo era detener la destrucción u ocultamiento de pruebas y garantizar la preservación y el acceso público a la documentación militar.
Creación de una Comisión de Transferencia
Durante la deliberación del 6 de agosto, uno de los ejes centrales fue la necesidad de establecer medidas concretas que aseguraran el cumplimiento de la obligación estatal de entregar los archivos. Para resolver esta problemática estructural, la resolución final determinó la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos. Esta entidad será imparcial y contará con la participación de integrantes del Archivo General de la Nación, cuya función específica será llevar a cabo el proceso de identificación y traslado físico y digital de la documentación militar pertinente, tal como lo había solicitado la quejosa en sus alegatos.
El Centro Prodh emitió un comunicado expresando su celebración ante esta resolución, calificándola como un avance significativo para garantizar el derecho a la verdad y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano frente a las víctimas. Las organizaciones señalan que la implementación efectiva del fallo requiere que la nueva comisión funcione con total transparencia, preserve la integridad física de la documentación y permita que los archivos sean entregados efectivamente al AGN sin nuevas trabas burocráticas.
Para Alicia de los Ríos Merino y cientos de familias de personas desaparecidas durante la "Guerra Sucia", estos expedientes constituyen un territorio fundamental para la búsqueda de la verdad. Contienen información indispensable para conocer el paradero de sus seres queridos, reconstruir cronológicamente los hechos y establecer responsabilidades penales o administrativas. Las organizaciones civiles hacen un llamado enfático al cumplimiento inmediato de la sentencia, reconociendo que este proceso dependerá de la voluntad política del Estado mexicano en su conjunto para revertir la deuda histórica con la verdad y la justicia.
