Con una población estimada de entre siete y diez ejemplares, la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del mundo, sigue resistiendo a la extinción. Tres avistamientos y más de 40 encuentros acústicos registrados durante la Campaña de Entrenamiento de Observadores y Monitoreo en el Alto Golfo de California, organizada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y Sea Shepherd Conservation Society, confirman su persistencia. Sin embargo, la especie sortea no solo las redes de enmalle ilegales para capturar totoaba, sino también la falta de voluntad política y la indiferencia institucional.
Tráfico ilegal de totoaba continúa
El pasado 10 de junio, la aduana de Hong Kong decomisó 246 vejigas natatorias de totoaba, ocultas entre filetes de pescado, que llegaron en un vuelo comercial procedente de Guadalajara, Jalisco. Con un valor superior a los tres millones de dólares en el mercado negro de China, el decomiso evidencia que el tráfico ilegal que mata a la vaquita marina persiste en una región con fuerte presencia del crimen organizado.
Incumplimiento del Plan de Acción con CITES
En abril de 2023, el gobierno mexicano acordó con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) un Plan de Acción de Cumplimiento con siete líneas de acción y 34 metas para salvar a la vaquita marina, a cambio de evitar un embargo comercial que afectaba la venta de más de tres mil especies protegidas, con un valor estimado de mil 500 millones de dólares anuales. La meta 2.12 del plan establecía la colocación de equipos de rastreo satelital y el monitoreo de todas las embarcaciones menores (pangas) del Alto Golfo de California a más tardar en mayo de 2024.
Sin embargo, después de un retraso de año y medio, la Secretaría de Marina (Semar) instaló en octubre de 2025 únicamente 850 dispositivos GPS en pangas de las comunidades pesqueras de San Felipe, Baja California, y Santa Clara, Sonora. Fuentes consultadas por Excélsior revelaron que la colocación de estos equipos quedó en una mera anécdota: desde el principio se reportaron fallas, no hay resultados del monitoreo porque nadie exige a los pescadores encender los GPS, y se desconoce si están conectados a algún radar.
Conapesca: opacidad y simulación
En mayo de 2025, Excélsior informó que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) no tenía fecha para iniciar el monitoreo de embarcaciones menores en el Alto Golfo de California, pues solo había aplicado 40 millones de pesos de un presupuesto asignado de 150 millones de pesos. Además, no había firmado el Acta de Recepción y Transferencia de los Dispositivos Satelitales instalados por la Semar.
Ante una solicitud de información vía el portal “Transparencia para el Pueblo”, Conapesca proporcionó un enlace al Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), que contenía 841 mil 827 registros de posicionamiento de la flota mayor, pero ningún dato de embarcaciones menores del Alto Golfo. Tras un recurso de revisión, Conapesca cambió su respuesta y clasificó toda la información relacionada con la vaquita marina como “RESERVADA por un período de 12 años, a partir del 30 de enero de 2017”, según el oficio DGPPE.-00244/26 firmado por Bernardino Jesús Muñoz Reséndez, director general de Planeación, Programación y Evaluación.
Clasificación ilegal según la SCJN
La clasificación resulta cuestionable, pues data de enero de 2017, mientras que el monitoreo satelital —de existir— debió realizarse a partir de octubre de 2025. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la Controversia Constitucional 217/2021, estableció que los sujetos obligados no pueden reservar información sobre hechos que aún no ocurren, y que cualquier clasificación debe realizarse caso por caso mediante una prueba de daño. La normativa prohíbe clasificar documentos antes de que la información sea generada o se encuentre en los archivos.
Críticas de organizaciones ambientales
Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica (CDB), lamentó que a Conapesca “no le interese la transparencia sino la simulación”. Señaló que la dependencia evade respuestas y pretende ocultar por 12 años información que probablemente no existe, pues no hay evidencia de que haya realizado su trabajo. “La opacidad no puede utilizarse para encubrir un fracaso de política pública. Mientras Conapesca esconde información, retrasa la operación de los rastreadores satelitales y evade rendir cuentas, las embarcaciones menores continúan operando sin vigilancia efectiva, con letales consecuencias para la vaquita marina”, afirmó Olivera.
