El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha anunciado planes para abrir cuatro nuevos centros de detención en las ciudades de Seattle, Philadelphia, Miami y Denver. Estos centros tendrán una capacidad conjunta para albergar a 5,500 migrantes, según documentos de licitación obtenidos por NBC News. La iniciativa busca reforzar los esfuerzos de la agencia para incrementar las detenciones en medio de un clima de protestas tras dos tiroteos mortales recientes perpetrados por agentes de ICE.
Infraestructura lista en 30 días
A diferencia de planes anteriores impulsados por el Departamento de Seguridad Nacional bajo la gestión de Kristi Noem, que contemplaban instalaciones provisionales o la compra de inmuebles que requerían renovaciones, los nuevos centros deberán estar operativos en un plazo máximo de 30 días tras la adjudicación de los contratos. Cada complejo contará con salas de audiencia de inmigración, despachos para jueces y oficinas para abogados de la división legal de ICE, lo que reducirá la necesidad de trasladar a los detenidos a tribunales externos. Estas instalaciones estarán dedicadas exclusivamente a personas bajo custodia de ICE, sin compartir espacio con otras agencias federales.
Philadelphia: centro clave en Pennsylvania
En el caso de Philadelphia, la instalación se ubicará a menos de 30 millas de State College, en el centro de Pennsylvania. Esta elección refleja la estrategia de ICE de expandir su infraestructura en puntos clave del país, facilitando las operaciones migratorias en la región.
El cierre del "Alcatraz de los Caimanes"
El anuncio de los nuevos centros ocurre poco después del cierre del polémico centro migratorio conocido como "Alligator Alcatraz" o "Alcatraz de los Caimanes", que fue clausurado en junio de 2026. Este centro se había convertido en un símbolo de la política de mano dura contra migrantes durante la presidencia de Donald Trump. Ubicado en los pantanos de Florida, ejecutó cerca de 21,000 deportaciones en menos de un año y estuvo marcado por denuncias de abusos, condiciones inhumanas y detenciones arbitrarias de mexicanos y turistas.
El centro fue inaugurado en julio de 2025 bajo una declaración de emergencia estatal que permitió construirlo en apenas ocho días, sin licitación pública. Se levantó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, un espacio remoto rodeado de pantanos infestados de caimanes y pitones. Donald Trump lo presentó como una instalación "rodeada de fauna peligrosa y un terreno implacable", con capacidad inicial para 2,000 personas y posibilidad de ampliarse a 5,000. Contaba con más de 200 cámaras de seguridad, ocho kilómetros de alambre de púas y una plantilla de 400 agentes.
Desde su apertura, el centro fue calificado por activistas como un "campo de concentración". Testimonios recabados por Reuters revelaron que los internos vivían bajo hacinamiento extremo, privación de contacto consular, alimentos en mal estado y luces encendidas las 24 horas, lo que les impedía distinguir entre día y noche. Familias mexicanas denunciaron que incluso turistas con visas vigentes fueron enviados al penal tras detenciones menores, sin acceso a defensa legal. El caso de los hermanos Carlos y Alejandro González, arrestados en Orlando y trasladados a este centro pese a haber pagado fianza, se convirtió en ejemplo de la arbitrariedad y falta de transparencia en los procesos.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre definitivo en junio de 2026, confirmando que "ya no queda ningún detenido" y que los internos fueron trasladados a custodia federal. El complejo ejecutó cerca de 21,000 deportaciones en menos de un año, convirtiéndose en uno de los símbolos más polémicos de la política migratoria de Trump.
Impacto en la política migratoria
La apertura de los cuatro nuevos centros de detención representa un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos, en un contexto donde la administración actual busca equilibrar la seguridad fronteriza con el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, activistas y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el posible aumento de detenciones y las condiciones en los nuevos centros.
