Un motín registrado la noche del sábado 1 de agosto en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad, luego de que un grupo de personas migrantes incendiara colchonetas y protestara para exigir su liberación.
Movilización de fuerzas de seguridad
De acuerdo con los primeros reportes, los disturbios comenzaron poco antes de la medianoche dentro del inmueble del Instituto Nacional de Migración (INM), considerado el principal centro de alojamiento para personas migrantes en la frontera sur de México. La alerta se generó cuando los internos comenzaron a prender fuego a las colchonetas de los dormitorios, lo que provocó columnas de humo y la inmediata reacción de las autoridades.
Medios locales refirieron que al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, policías estatales y municipales, quienes restablecieron el orden tras varias horas de tensión. Durante el operativo, los uniformados acordonaron la zona y controlaron el incendio mientras los migrantes eran reubicados en otras áreas de la estación. La presencia policial se extendió a calles aledañas, según testigos.
Hasta la mañana del domingo 2 de agosto, el INM no había emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido, ni había informado el número de personas involucradas o el saldo del incidente. Tampoco se precisó si hubo heridos o daños materiales cuantificados. La falta de información oficial generó incertidumbre entre organizaciones civiles y familiares de migrantes que esperaban noticias.
Exigencias de los migrantes
La protesta fue protagonizada por personas migrantes que permanecían retenidas en la estación migratoria y exigían la agilización de sus trámites, además de su liberación. Según primeros testimonios, el grupo actuó de manera coordinada para prender fuego a los colchones y llamar la atención de las autoridades. El incendio pudo ser contenido gracias a la intervención de los equipos de seguridad y bomberos.
El activista Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., afirmó que entre los migrantes había personas de distintas nacionalidades, incluidos extranjeros deportados desde Estados Unidos y trasladados posteriormente a Tapachula. Según el defensor, varios de ellos permanecen retenidos por periodos prolongados, enfrentan dificultades para comunicarse con familiares o recibir asesoría legal y desconocen el estado de sus procedimientos migratorios.
García Villagrán explicó que muchos de los migrantes llegados a la estación fueron detenidos en otros puntos del país y luego llevados a Tapachula, donde esperan una respuesta del INM. Esta situación, agregó, ha provocado un clima de desesperación que deriva en protestas como la de este sábado.
Personas aseguradas
Fuentes de seguridad consultadas por medios nacionales señalaron que dos migrantes venezolanos, identificados como Henderson Villaroel Chopite y Howard David Caballero, fueron asegurados tras los hechos y trasladados a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, para continuar con el procedimiento migratorio correspondiente. No se informó si estas personas fueron señaladas como presuntas responsables del incendio o si simplemente fueron reubicadas por medidas de control. La identidad de otros posibles involucrados no fue revelada.
Contexto de la estación Siglo XXI
La Estación Migratoria Siglo XXI es considerada el principal centro de alojamiento para personas migrantes en la frontera sur de México. Ubicada en Tapachula, este inmueble del INM ha sido objeto de señalamientos por parte de activistas debido a las condiciones de estancia de los migrantes. El propio Luis García Villagrán denunció que los internos enfrentan largos periodos de detención sin información clara sobre sus trámites.
El motín deja en evidencia la tensión que se vive en estos centros, donde la falta de respuestas por parte de las autoridades incrementa el malestar. Hasta el momento, el INM no ha anunciado medidas para atender las demandas de los migrantes ni ha ofrecido un balance oficial sobre el incidente, lo que mantiene la incertidumbre entre las familias y las organizaciones que dan seguimiento al caso. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce si las autoridades han iniciado alguna investigación al respecto.
