La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Guadalupe “H”, representante legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V., fue sometida a prisión preventiva. Esta medida cautelar se dictó tras una audiencia judicial donde se estableció su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada. La detención forma parte de las investigaciones federales en curso relacionadas con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Operativos y captura en la Ciudad de México
La mujer fue detenida durante el fin de semana en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La acción fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplieron una orden de aprehensión previamente emitida contra ella. La institución federal explicó que estas acciones responden al seguimiento continuo de las indagatorias destinadas a combatir el tráfico ilegal de combustible, así como a recuperar posibles daños económicos y garantizar que este tipo de ilícitos no queden impunes.
Las autoridades señalan que Guadalupe “H” intervino directamente en operaciones de comercio exterior donde presuntamente se declaraba una cantidad menor de hidrocarburos respecto a la que realmente era transportada. Además, se le atribuye su participación en la formalización de contratos relacionados con la distribución de este derivado. Según la FGR, la imputada también realizó gestiones ante autoridades aduaneras cuando se detectaban mercancías consideradas irregulares.
Funciones corporativas y financieras
Dentro de la estructura de Ingemar S.A. de C.V., las investigaciones describen a Guadalupe “H” con funciones clave que abarcan la representación corporativa, la administración financiera y la ejecución de actos jurídicos. Las autoridades identificaron a la detenida como una persona autorizada para firmar en cuentas bancarias vinculadas con la empresa, lo que indica su involucramiento en actividades relacionadas con la administración financiera de la organización.
La FGR sostiene que estos elementos operativos y financieros serán analizados detalladamente durante el proceso judicial para determinar su posible responsabilidad penal en los delitos que se le imputan. La imputación formal fue presentada por el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Situación jurídica actual
Durante la audiencia correspondiente, la defensa de Guadalupe “H” solicitó hacer uso de la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica. La Fiscalía informó que la defensa se acogió a esta figura legal para el plazo establecido por la Constitución. Como consecuencia de la determinación judicial, la mujer quedó interna en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, mientras continúa el proceso para definir su estatus legal definitivo.
Es fundamental destacar que la imposición de la prisión preventiva no implica por sí misma una sentencia condenatoria. La responsabilidad final de la imputada deberá determinarse estrictamente durante el procedimiento judicial, conforme avance la investigación y se desahoguen todas las pruebas correspondientes ante la autoridad competente.
