La entidad de Nayarit atraviesa una severa crisis de seguridad caracterizada por un incremento drástico en los casos de personas desaparecidas y una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de la investigación. Colectivos de búsqueda exigen garantías efectivas para las familias afectadas y medidas urgentes para frenar la ola de violencia que afecta a la región.
Los datos oficiales revelan una tendencia al alza sostenida durante la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Entre el 1 de enero y el 23 de junio de 2026, se registraron 154 desapariciones en el estado. Esta cifra representa un incremento del 227 por ciento en comparación con el mismo periodo del año 2022, cuando solo se contabilizaron 47 casos. La escalada continúa desde años anteriores; en 2025, la entidad registró un total de 320 casos, destacando que la capital, Tepic, concentró 125 de estos reportes.
Testimonios de amenazas y obstáculos institucionales
Detrás de las estadísticas, las familias enfrentan barreras sistemáticas. Virginia Garay Cázares, fundadora del colectivo "Guerreras en Búsqueda de Nuestros Tesoros", lleva más de ocho años buscando a su hijo Bryan Eduardo Arias Garay, quien desapareció el 6 de febrero de 2018 en Tepic. Según el testimonio de la madre, un amigo le informó que una patrulla detuvo a su hijo y lo introdujo en la unidad policial, momento a partir del cual se perdió todo rastro.
Garay Cázares señaló que, durante este periodo, ha solicitado repetidamente bitácoras y diligencias que, afirmó, nunca fueron entregadas o permanecen pendientes. Además, sostuvo que existen cateos sin realizar desde 2018, a pesar de que el caso cuenta con una acción urgente de Naciones Unidas y resoluciones legales favorables. La fundadora del colectivo también reportó haber recibido amenazas de muerte e intimidaciones para que abandonara las búsquedas y dejara de denunciar irregularidades. Aunque estas amenazas fueron puestas en conocimiento de las autoridades, consideró insuficientes las medidas de protección otorgadas.
Herencia criminal y responsabilidad actual
Los colectivos han señalado presunta participación de elementos de seguridad en algunos casos recientes. Si bien estos señalamientos no equivalen a una sentencia judicial ni permiten generalizar la responsabilidad a todas las corporaciones actuales, obligan al gobierno de Navarro a esclarecer cada denuncia e identificar a los agentes involucrados. La entidad arrastra un historial grave: entre 2011 y 2017 se documentaron desapariciones forzadas vinculadas con servidores públicos y una estructura criminal enquistada en la Fiscalía estatal.
Aunque ese periodo antecede al gobierno actual, la administración de Navarro recibió el rezago de expedientes y la identificación de restos. Casi cinco años después del inicio del sexenio, las cifras no muestran una reducción sostenida. La crisis no puede atribuirse únicamente a la herencia del pasado cuando continúan apareciendo nuevos reportes y las familias denuncian omisiones y falta de resultados concretos.
Impacto en la confianza pública
Para las madres buscadoras, la ausencia de respuestas gubernamentales se mide en años de espera y sufrimiento. Las familias recorren cárceles, centros de rehabilitación, servicios médicos forenses y zonas de búsqueda utilizando recursos propios, cuestionando la respuesta de las instituciones responsables de acompañarlas. El reto para el gobierno estatal trasciende la presentación de operativos o reformas legales; implica demostrar que las instituciones pueden encontrar a los desaparecidos, proteger a quienes los buscan y esclarecer cualquier posible participación de servidores públicos en los delitos.
Mientras no se concreten estas acciones, cada nueva ficha de búsqueda profundiza una deuda social en Nayarit que ya no puede reducirse a cifras numéricas, sino que constituye una crisis integral de seguridad, justicia y confianza pública que requiere intervención inmediata y transparente.
