En Veracruz, el despojo de inmuebles adquiere una modalidad alarmante: el uso del poder público y de influencias políticas para apropiarse de propiedades privadas. Mientras en la Ciudad de México se multiplican las denuncias por bandas que irrumpen en viviendas y desplazan a familias, en Xalapa comienzan a documentarse casos con el mismo patrón pero con un componente adicional: la participación de funcionarios en activo.
Alcalde de Jalcomulco acusado de despojo
El edil de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, fue denunciado formalmente por despojo luego de tomar posesión de una vivienda que contaba únicamente con una promesa de compraventa no concretada. Según la familia afectada, el alcalde ingresó al inmueble acompañado de escoltas, permitió que terceros realizaran remodelaciones y ocuparan el lugar. Además, habría intentado “saldar” el supuesto adeudo ofreciendo contratos de obra pública, práctica que los denunciantes consideran irregular y potencialmente constitutiva de corrupción.
Exfuncionaria de Protección Civil señalada
En otro caso, la empresaria Rosa María Martínez presentó una denuncia contra Ivette Orozco Lara, exfuncionaria de Protección Civil estatal, por los delitos de despojo, amenazas y abuso de funciones. De acuerdo con la acusación, Orozco ingresó sin autorización al predio, retiró bienes y ocupó el terreno alegando “supervisión oficial”. La afectada sostiene que la exservidora pública se ampara en influencias dentro del gobierno estatal, aunque este señalamiento no ha sido confirmado por las autoridades. La empresaria ha manifestado temor por su vida debido a las represalias.
Patrón de abuso de poder
Estos casos reflejan un patrón en el que funcionarios públicos aprovechan sus cargos para apoderarse de inmuebles, muchas veces esgrimiendo documentos incompletos o argumentos oficiales falsos. Las víctimas enfrentan no solo la pérdida de su patrimonio, sino también la dificultad de denunciar a quienes deberían garantizar la legalidad. Hasta el momento, las autoridades veracruzanas no han emitido una postura oficial sobre estas denuncias, ni se reportan investigaciones en curso.
La organización civil “Vivienda Digna Veracruz” ha señalado que estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito municipal y estatal. Según sus registros, en lo que va del año se han presentado al menos 15 denuncias por despojo con presunta participación de servidores públicos en la entidad.
