Un nuevo caso de despojo en la Ciudad de México ha puesto en evidencia la presunta participación de agentes del Ministerio Público en la identificación, planeación y falsificación de documentos para arrebatar inmuebles a personas en situación vulnerable. La víctima, Juan Pablo García, narró a Excélsior cómo su casa en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, fue asegurada tras la muerte de su pareja y posteriormente invadida por supuestos compradores.
La primera llamada: la muerte de Richard de Moszka
El 21 de julio de 2025, vecinos de la calle Jalapa, en la colonia Roma Sur, alertaron a Juan Pablo García que su pareja sentimental, el artista canadiense Richard de Moszka, se había desvanecido en la azotea y que habían llamado a la policía. Al llegar, la casa que el extranjero compró en 2005 estaba asegurada por agentes del Ministerio Público, con candados y sellos, debido a que Richard había fallecido.
Juan Pablo tuvo que esperar dos días para que le permitieran sacar el cuerpo de su pareja y cremarlo, pero la vivienda permaneció asegurada durante las investigaciones que luego determinaron que la muerte fue a causa de un infarto. Durante ese tiempo, la casa número 291 de la calle Jalapa quedó bajo resguardo de las autoridades, sin que el afectado pudiera acceder a sus pertenencias.
La segunda llamada: invasión con sellos retirados
El 3 de septiembre, más de un mes después, los vecinos volvieron a llamar a Juan Pablo para alertarlo de que habían quitado los sellos y candados de su casa, y que una persona se identificaba como el nuevo propietario. “Recibí una llamada un viernes en la noche, lloviendo, de un vecino que me decía, ‘oye, ya gente entró a la casa, quitaron las cadenas, quitaron los sellos’. Me encontré a tres personajes, uno que se identificó como el abogado de la parte supuestamente compradora de la casa”, relató la víctima.
El abogado presentó documentos que, según Juan Pablo, parecían ser falsos, y los invasores actuaban con total impunidad, como si tuvieran el respaldo de las autoridades. La víctima denunció que los sellos fueron retirados sin orden judicial y que los presuntos compradores no contaban con ningún título legítimo de propiedad.
Indicios de complicidad del Ministerio Público
Este caso contiene elementos que apuntan a una posible red de despojo operada con la complicidad de agentes del Ministerio Público. De acuerdo con la víctima, los agentes que aseguraron la vivienda tras el fallecimiento pudieron haber filtrado información sobre la vulnerabilidad del propietario, facilitando la planeación del fraude.
“Detesto la idea de que haya gente a la espera de detectar a alguien abajo y aprovecharse de la confusión y lo débil que te deja una pérdida”, expresó Juan Pablo García. La víctima interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero hasta el momento no se han reportado avances en la investigación.
Impacto en la seguridad patrimonial
Este tipo de despojos no es un caso aislado en la capital. Según datos de la organización México Evalúa, los delitos patrimoniales, incluido el despojo, representan una parte significativa de las denuncias en la CDMX. La vulnerabilidad de las personas en duelo o en situaciones de enfermedad se convierte en un blanco fácil para estas redes.
Los vecinos de la colonia Roma han manifestado su preocupación por la inseguridad y la falta de protección a los derechos de propiedad. Organizaciones civiles han exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y la sanción de los funcionarios involucrados.
Recomendaciones para evitar el despojo
Especialistas recomiendan a los propietarios mantener actualizados sus documentos, notificar a los vecinos sobre la situación legal de su vivienda y, en caso de fallecimiento del titular, realizar los trámites sucesorios de inmediato. También sugieren verificar la autenticidad de cualquier documento presentado por presuntos compradores y denunciar cualquier irregularidad ante la Fiscalía.
Juan Pablo García espera que su caso sirva para visibilizar esta problemática y que las autoridades actúen con prontitud para recuperar su patrimonio y evitar que otros ciudadanos sufran lo mismo.
