Trabajo forzado en la sierra Tarahumara: el costo humano de la economía criminal
Cuando se habla de combatir al crimen organizado desde el frente económico en México, la conversación gira casi siempre en torno a decomisos, extinción de dominio, rastreo y trazabilidad de flujos financieros, congelamiento de cuentas o, en resumen, instrumentos que atacan el extremo de la cadena donde el dinero ya es dinero. Pero ¿qué hay de la producción, del campo, de la mano de obra? O bien, ¿quién está detrás del dinero, antes de ser dinero?
Una investigación de Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff, publicada la semana pasada por Quinto Elemento Lab, documenta la existencia de un modelo productivo agrícola sostenido por trabajo forzado en la sierra Tarahumara. Hombres reclutados con falsas ofertas de empleo fueron esclavizados durante meses o años en campos de amapola y mariguana, viviendo en cuevas, sin salario, sin salida y sin que nadie los buscara. En 2019, un operativo rescató a 21 de ellos, mientras que solo cuatro habían sido reportados como desaparecidos.
Un modelo de optimización de costos laborales
El reportaje describe con precisión que se trata de “una operación logística enfocada en el reclutamiento forzado de las personas más marginales y vulnerables de las comunidades, para sacar rédito de lo que puedan dar sus cuerpos”. Es optimización de costos laborales y generación de ingresos por servidumbre por deudas, con la misma lógica de cualquier empresa que opera sin regulación ni inspección.
El perfil de las víctimas no es aleatorio: hombres que iban a tramitar el Seguro Popular, que esperaban trabajo en la vía del tren, que vivían en asentamientos de indígenas desplazados. Dicho con crudeza, un trabajador que nadie reclama no tiene costo de visibilidad para la organización que lo explota. La impunidad es parte fundamental del margen de ganancia.
Condiciones inhumanas y deuda ficticia
Los hombres esclavizados en la Tarahumara dormían en cuevas de 30 personas, comían dos veces al día, eran golpeados con varas de encino, amarrados a árboles como castigo, obligados a drogarse y sometidos a violaciones como forma de disciplina colectiva. Sobre cada uno pesaba una deuda ficticia generada desde el reclutamiento, que convertía el tiempo de explotación en un pasivo que la víctima supuestamente debía saldar.
Invisibilización de las víctimas
El Convenio 29 de la OIT, ratificado por México desde 1934, define el trabajo forzoso no por la ausencia de pago, sino por la ausencia de voluntad y la imposibilidad real de salida. La diferencia está en cómo el Estado los hace desaparecer después: al reclutado forzado lo invisibiliza la criminalización, al esclavizado en la sierra lo invisibiliza la inexistencia de una categoría per se.
En 2018, un año antes del rescate exitoso, la fiscalía hizo un primer operativo en el mismo sitio. Encontraron las cuevas, las cobijas y la infraestructura completa, pero no quedaba nadie. La red tenía una capacidad de reacción más veloz que la inteligencia estatal. Después del rescate de 2019, en 2022, 15 personas fueron levantadas y esclavizadas en los mismos campos. En 2024, el agente que llevaba el caso dijo a los investigadores: “Deben de existir todavía”.
Existen, y la sierra Tarahumara no es una anomalía, sino una expresión de un modelo que se replica en distintos sectores de la economía criminal. Mientras solo se investigue la última etapa de la cadena de suministro, el modelo seguirá equiparando la tortura, la esclavitud y el sufrimiento humano a un activo.
