El municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, se ha convertido en el escenario de una campaña de extorsión sistemática contra la industria de las telecomunicaciones, orquestada por la presidenta municipal Guadalupe López González, de Morena y cercana al gobernador Rubén Rocha Moya. Las empresas afectadas —Telmex, Megacable y Totalplay— han denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el ayuntamiento les impone multas desproporcionadas por un supuesto uso de la vía pública, cuando en realidad el cableado aéreo se tiende sobre la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un servicio de competencia exclusivamente federal.
Multas ilegales que superan los 1,500 millones de pesos
El monto acumulado de las sanciones asciende a más de mil 500 millones de pesos, según la denuncia presentada bajo la carpeta de investigación FED/SIN/GUAM/0000898/2026. Ante la negativa de las empresas a pagar, el municipio ha procedido a cortar y remover ilegalmente fragmentos de la red federal de telecomunicaciones, dejando sin servicio a hospitales, escuelas, comercios, cuerpos de seguridad y miles de familias.
El asesor municipal Pedro Molineros Urías ha ofrecido condonar entre el 60% y el 70% de las multas a cambio del pago de cientos de millones de pesos al ayuntamiento, un esquema que las empresas califican de extorsión pura.
Un modelo que replica el crimen organizado
Este caso guarda similitudes con el del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido por inventar un impuesto predial multimillonario contra la industria tequilera, que condonaba a cambio de pagos ilícitos. En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya ha sido señalado por haber negociado con Los Chapitos el control del agua y plataformas municipales, operación que habría sido gestionada por su entonces secretario de Finanzas, Enrique Díaz, hoy testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos.
En Guamúchil, la violencia del Cártel de Sinaloa es constante: caravanas de vehículos blindados, ataques a viviendas, bloqueos y enfrentamientos armados. En este contexto, la presidenta municipal López González, defensora pública de Rocha Moya, ha utilizado su autoridad para presionar a las empresas de telecomunicaciones, afectando la infraestructura crítica del país.
Impacto en la población: rehenes de una extorsión
El corte de redes no solo perjudica a las empresas, sino que convierte a la ciudadanía en rehén de una estrategia de presión económica. En una de las zonas más inseguras del país, la falta de comunicación compromete servicios esenciales y la capacidad de respuesta ante emergencias. La pregunta es si la Federación permitirá que un gobierno municipal invada sus competencias para extorsionar, afectando incluso las operaciones de las fuerzas federales de seguridad.
La extorsión desde las instituciones deja de ser un problema de seguridad pública para convertirse en uno de seguridad interior, como ya se ha visto en Tequila, en municipios del Estado de México, Michoacán, Guerrero y ahora en Sinaloa.
Nota final: la visa de Clara Brugada
Fuentes del Gobierno de la Ciudad de México confirmaron que Clara Brugada tiene vigente su visa estadounidense, misma que utilizó para hacer escala en su reciente viaje a Azerbaiyán. No se proporcionó información adicional sobre cuentas bancarias.
