El personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en la zona sur, ha rechazado sistemáticamente la recepción de denuncias presentadas por menores de edad que buscan reportar los abusos cometidos dentro de la Academia Militarizada Doenitz. Este plantel educativo fue el escenario trágico donde falleció la adolescente Dafne Zapata Quintos el pasado 16 de julio, tras sufrir una novatada. La negativa administrativa ha sido confirmada por Alejandra Quintos, madre de la víctima, quien detalló que diversas familias han acudido a los Ministerios Públicos para registrar agresiones ocurridas en años anteriores, pero han sido devueltas sin iniciar trámite alguno.
Negativa oficial y solicitud de atracción
Alejandra Quintos, acompañada por su abogado Víctor Paz, explicó que las autoridades locales fundamentan su rechazo al argumento de que "ya existen investigaciones en curso" relacionadas con el caso principal de Dafne. Bajo esta premisa, los funcionarios no solo desestiman los nuevos relatos, sino que ordenan a los familiares regresar a sus hogares. Ante esta situación burocrática, la madre de la joven ha formulado un llamado urgente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga estos casos específicos y reciba formalmente las declaraciones de los demás menores afectados, asegurando que se trata de delitos independientes que requieren atención separada.
Obstáculos procesales y suspensión de audiencias
El contexto de estas denuncias se complica por la suspensión de la audiencia judicial programada originalmente para el viernes 7 de agosto en el Centro Integral de Justicia de Mante. Esta diligencia correspondía al proceso por presuntos delitos sexuales contra Gabriel “Z”, padre de Dafne y expareja de Alejandra Quintos. A pesar de que la cita estaba fijada para las 09:30 horas, el imputado compareció de manera virtual únicamente para notificar la remoción de su equipo legal y solicitar una prórroga de 30 días para contar con nueva representación jurídica.
Este movimiento procesal permitió posponer la sesión por tercera ocasión consecutiva. Mientras tanto, la madre de la víctima mantiene su señalamiento público sobre las dificultades estructurales que enfrentan otras familias al intentar avanzar con sus propias denuncias ante las autoridades estatales. La falta de acceso a la justicia para estos menores contrasta con la prioridad que, según la denuncia, se está dando a los trámites legales del padre de la fallecida.
La situación actual deja a varias familias en un limbo jurídico, sin posibilidad de que sus testimonios sean registrados oficialmente en Tamaulipas. La exigencia de Alejandra Quintos apunta a que la jurisdicción federal intervenga para garantizar que no haya impunidad para otros posibles agresores dentro de la institución militarizada, más allá del caso específico que deriva en la muerte de Dafne Zapata.
