Veracruz, único estado que rechaza colaboración con la ASF
El gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, es la única de las 32 entidades federativas que se negó a firmar el Convenio de Colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La decisión, fundamentada en una supuesta “incompatibilidad de metodologías”, implica que ni la administración estatal ni el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) participarán en la revisión detallada que la ASF planea realizar sobre el uso de las participaciones federales en instancias locales y municipios.
Convenios firmados el 29 de julio
Los denominados Convenios de Colaboración entre la ASF, que preside Aureliano Hernández, y los titulares de los ORFIS se firmaron el 29 de julio, a convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Delia González Cobos, titular del ORFIS de Veracruz, justificó la negativa al señalar la necesidad de modificar algunas disposiciones del convenio, “principalmente por haberse establecido en el proyecto de convenio que el organismo fiscalizador federal determinaría la metodología para la realización de las auditorías”.
Según el gobierno estatal y su instancia fiscalizadora, las reglas de la ASF no son compatibles con el esquema local, por lo que “actualmente se está trabajando en un proyecto con las sugerencias correspondientes que permita conciliar un modelo de revisión acorde para la colaboración eficiente de ambas instituciones”.
Fundamento constitucional
La Constitución establece que el único organismo facultado para revisar los recursos de la Federación es la ASF y que, en el caso de las participaciones federales, podrá fiscalizarlas en conjunto con los órganos estatales siempre que exista un convenio. Al no haberlo, la ASF mantiene su facultad de revisar la cuenta pública estatal, pero deberá hacerlo en solitario, sin la coadyuvancia de la instancia local.
Cuestionamientos del diputado Héctor Yunes
El diputado local independiente Héctor Yunes cuestionó el rechazo del gobierno de Nahle a suscribir la colaboración. “Nada es casualidad. La decisión coincide con que la ASF detectó irregularidades administrativas en la forma en que el gobierno de Rocío Nahle administró y distribuyó más de 17 mil 122 millones de pesos en participaciones federales para los municipios”, argumentó el expriista y exsenador.
Antecedentes de colaboración
Los convenios de colaboración nunca dejaron de celebrarse durante los últimos siete años de gestión del auditor David Colmenares. En consecuencia, al no contar con el apoyo de recursos humanos de los ORFIS, la ASF dejó de efectuar inspecciones físicas, particularmente en municipios alejados. Según un diagnóstico de la Comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados, esa falta de colaboración generó la imposibilidad de comprobar irregularidades detectadas por la ASF.
Reforma en materia de fiscalización
Para superar esas deficiencias, la reforma en materia de fiscalización —aprobada este año por el Congreso y vigente desde mayo— dio paso a nuevas reglas sobre la manera en que la Auditoría habrá de apoyarse en las instancias locales, mismas que se exponen en los convenios. El cambio de fondo es que las fiscalizaciones a detalle sobre recursos federales estarán supervisadas y bajo la directriz y el mando de la ASF. Esto impide que los órganos estatales actúen por su cuenta en la revisión de cómo se ejercen los presupuestos que la Federación transfiere a estados y municipios.
Cuando se requiera la revisión a detalle de asuntos solicitados por la ASF, esta fijará las líneas de revisión, aplicando investigaciones diversas, algunas con apoyo de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. También será la ASF la que indicará dónde y cómo auditar determinados problemas observados. Bajo esos términos se suscribieron los convenios con todos los gobiernos estatales, excepto el de Veracruz.
Implicaciones para Veracruz
Dicha entidad seguirá siendo auditada por el máximo órgano federal fiscalizador, pero sin el apoyo de la instancia estatal. Los convenios suscritos implicarán una homologación de los procesos de auditoría en todo el país, a la que la gobernadora Rocío Nahle se ha negado.
